Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Abril de 2005, número de resolución KLAN0500474
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN0500474 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 29 de Abril de 2005 |
| PUEBLO DE PUERTO RICO Apelado v. WILFREDO ADORNO FIGUEROA Apelante | KLAN0500474 | APELACIÓN procedente del Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de Utuado (se acoge como certiorari) Caso Núm.: LVI2003G0025 Sobre: Artículo 82 del Código Penal |
Panel integrado por su presidente, Juez Brau Ramírez y los jueces Colón Birriel y Hernández Torres
Hernández Torres, Jueza Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan Puerto Rico, a 29 de abril de 2005.
El señor Wilfredo Adorno Figueroa, en adelante el peticionario, comparece ante nos y solicita que revisemos sentencia que le fuera impuesta por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado. Mediante la misma, el tribunal de instancia condenó al peticionario a cumplir treinta (30) años de cárcel por infracción al artículo 82 del Código Penal (asesinato en segundo grado), 33 L.P.R.A. sec. 4001.
Considerado el escrito presentado y acogido como un recurso de certiorari, denegamos la expedición del auto solicitado.
El Sr.
Wilfredo Adorno Figueroa nos solicita como remedio que revisemos la sentencia impuesta por el tribunal de instancia. Sin embargo, no nos pone en condición de intervenir con la determinación de dicho Tribunal.
En nuestro ordenamiento procesal penal el recurso de certiorari deberá presentarse a los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. XII, R. 193. Una vez transcurrido el plazo de treinta (30) días desde que se dicte la sentencia condenatoria por el foro de instancia, el dictamen adviene final y firme y no puede ser impugnada su validez, excepto cuando se alegue que la sentencia fue impuesta en violación a la Constitución de Puerto Rico o la de los Estados Unidos o sus leyes, que el tribunal no tenía jurisdicción para imponer la sentencia; que la sentencia impuesta exceda de la pena prescrita por ley o que esté sujeta a cualquier ataque colateral. El tribunal de instancia no tiene que celebrar una vista para considerar dicha moción, si de los autos del caso surge concluyentemente que no tenía derecho el promovente a remedio alguno. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.192.1; Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 893-894 (1993).
La regla 192.1 de...
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