Ley Núm. 35 de 21 de marzo de 2011, para añadir un Artículo 23-A a la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como 'Ley de la Policía de Puerto Rico', a los fines de establecer términos máximos a los trámites y a las determinaciones finales de faltas leves y graves que se lleven contra los miembros de la Fuerza de la Policía; y para otros fines relacionados.
| Evento | Ley |
| Fecha | 21 de Marzo de 2011 |
(P. de la C. 586)
LEY NUM. 35
21 DE MARZO DE 2011
Para añadir un Artículo 23-A a la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”, a los fines de establecer términos máximos a los trámites y a las determinaciones finales de faltas leves y graves que se lleven contra los miembros de la Fuerza de la Policía; y para otros fines relacionados.
El Artículo 23 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como la “Ley de la Policía de Puerto Rico”, dispone para que exista un reglamento donde se determinen cuáles son las faltas de los miembros de la Fuerza que conllevaren acción disciplinaria. Dichas faltas estarán clasificadas en graves o leves. El Reglamento prescribirá la acción correspondiente con arreglo a lo preceptuado en esta Ley. En el mismo se establece la acción disciplinaria por faltas leves y graves y se determina qué personas tendrán facultad para imponer sanciones en estos casos, así como el procedimiento para tramitar las mismas.
Sin embargo, no se establecen términos máximos para que dichos trámites y las determinaciones finales sean trabajados. Esta situación ha causado un gran caos, ya que ocasiona que los miembros de la Fuerza que son acusados de distintas violaciones al Reglamento vean perpetuadas dichas alegaciones sin que se resuelvan en un tiempo razonable. Esta Ley no pretende buscarles una salida a aquellos oficiales del orden público que atentan contra la confianza que se ha depositado en ellos, sino que busca garantizar que las acusaciones sean atendidas en un término de tiempo prudente.
Resulta alarmante que la Policía de Puerto Rico no sea capaz de atender de manera expedita posible violaciones al Reglamento y que se tenga, no sólo al policía sino a la posible víctima, esperando por años que se haga justicia. Ha llegado el momento de ordenarle al Superintendente de la Policía a que establezca procesos más rigurosos, pero a la vez razonables, que tengan el fin de ponerle un coto al desmán administrativo que existe por falta de eficiencia y creatividad. Esta situación es una alarmante que pone en tela de juicio la efectividad de unos procesos que, más que depurar a la Policía, ha causado estragos y desasosiego a oficiales policiales, a sus familias enteras y víctimas.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba