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En la mesa el plan de ajuste

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Vincent

"Este es el comienzo del final de la bancarrota de Puerto Rico".Con esas palabras, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José B. Carrión, buscó resumir ayer lo que representa la radicación del plan de ajuste de deudas (POA) del gobierno central, documento que a juicio del organismo fiscal y de ser aprobado por la jueza Laura Taylor Swain, serviría de zapata para un nuevo Puerto Rico, tanto en asuntos de presupuesto como económicos.Ayer, luego de tres años de operaciones y amparándose en el manto de la ley federal Promesa, la JSF pareció saltarse el orden de pagos que ha regido en Puerto Rico a través de la Constitución y la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto por casi siete décadas. Esto, al preservar casi intactas (en 92%) las pensiones de 167,000 jubilados, crear un fideicomiso para protegerles, procurar el pago de todos los servicios públicos, restituir los ahorros para el retiro de ciertos empleados públicos y que el gobierno tomó para sí, al tiempo que garantizó por cinco años, la aportación al seguro médico y los beneficios de los trabajadores bajo convenios colectivos.En ese rebalanceo de prioridades de pago, sin embargo, la JSF dejó prácticamente en cero, a los bonistas de la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC) y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y dejó apenas unos centavos para los suplidores y contratistas del gobierno que llevan años sin cobrar.En el lado favorable y aunque en otras instancias judiciales les clasificó como acreedores no asegurados, la JSF concedió preferencias a los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) previas al 2012, otorgando a estos casi 64 centavos de dólar.Reacción inmediataDe entrada, la propuesta recibió el aval de la gobernadora Wanda Vázquez Garced."El acuerdo entre el (Comité Oficial de Retirados) COR y la JSF es producto de dos años de labor y negociaciones intensas para proteger al mayor número posible de pensionados de los recortes que había propuesto la junta; mejorar los términos para los retirados que serán impactados y proveerle certeza a las pensiones ahora y a largo plazo", indicó en declaraciones escritas, el presidente del COR y exjuez, Miguel Fabre Ramírez.De igual forma, la casa evaluadora de crédito Moody’s Investors Service describió el documento como "un paso importante" en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico.Pero casi al instante, mientras el documento apenas empezaba a desgranarse en las...

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