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Miles renuncian en el magisterio y la Judicatura

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Vincent

Ante la entrada en vigor del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central y, como resultado, el fin de los planes de pensión definida del gobierno, unos 2,800 educadores y unos 26 jueces renunciaron a sus labores entre noviembre y enero pasados, informó el administrador de la Junta de Retiro (Retiro), Luis Collazo Rodríguez.De acuerdo con Collazo Rodríguez, se trata de funcionarios que cumplían con los criterios para acogerse al retiro y tomaron la decisión de renunciar a sus puestos antes que llegara el día de ayer, o de lo contrario, perdían los beneficios complementarios a su pensión y que incluyen el bono de Navidad y las aportaciones al seguro médico, entre otros.En el caso del magisterio, las renuncias recibidas por el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) exceden por un millar el promedio de jubilaciones que se tramitan anualmente, reconoció Collazo Rodríguez. Mientras, en la Judicatura, plan que custodia y que ahora administra Retiro, representa aproximadamente el 7% del total de participantes en ese plan de beneficio definido.La Junta de Retiro es la agencia sucesora de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), una vez entró en vigor la Ley 106 de 2017. El estatuto dio paso al plan de aportaciones definidas -conocido como el Plan 106- y se creó el sistema "PayGo", que transfirió el pago de las pensiones vigentes al Fondo General.Mientras las pasadas semanas Retiro ha tramitado tales renuncias, también habilitó miles de cuentas individuales para depositar en estas las aportaciones que los empleados públicos hicieron por años a la ASR y que, en lugar de preservarse para estos, fueron utilizadas para pagar pensiones vigentes. Las cuentas segregadas de retiro son similares a los planes de retiro que prevalecen en el sector privado y que se identifican como planes 401(k), en referencia al Código de Rentas Internas federal o los planes 1165(e), que es la sección que trata ese tema bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.El PDA del gobierno central entró en vigor ayer, a pesar de que el Primer Circuito de Apelaciones, en Boston, tiene pendiente un recurso de varias organizaciones magisteriales, que, entre cosas, alegan que, al modificar la deuda, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno menoscabaron su derecho a una pensión vitalicia.Ayer, el gobierno desembolsó los pagos requeridos bajo el PDA, mientras los educadores regresaban a la línea de piquete, exigiendo la restitución de sus beneficios.El PDA y su impacto...

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