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Reclama sanciones a infractores

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Vincent

Muchas facturas que someten los contratistas de las ramas ejecutiva y legislativa incumplen con los requisitos mínimos de ley, confirmaron la contralora y el subcontralor, Yesmín Valdivieso y Jesús Rosario, respectivamente.Pese a este incumplimiento, hay cero consecuencias para el contratista y para el funcionario gubernamental que certifica las facturas.Sin los recursos para demandar por el cobro de dinero, Valdivieso ha referido sus hallazgos al Departamento de Justicia, pero los fiscales suelen descartar procesar criminalmente a funcionarios por incumplir con la Ley 237-2004, que establece parámetros uniformes en los procesos de contratación gubernamental.De hecho, Justicia refirió las preguntas de este diario a la Oficina del Inspector General (OIG), que es una agencia que aún se está organizando tras su creación en febrero de 2017. La inspectora general, Ivelisse Torres Rivera, indicó por escrito que corresponde a las propias entidades corregir sus fallas."Cada jefe de agencia o director de alguna instrumentalidad gubernamental es responsable de establecer los controles internos que sean necesarios y los procesos idóneos de preintervención de facturas", reaccionó Torres Rivera.Ante la falta de consecuencias para quienes infringen esta ley o no supervisan el cumplimiento de ella, a los auditores de la Oficina del Contralor (OCPR) no les queda otra alternativa que señalar las mismas deficiencias el próximo año. Aunque se trata de una falta mínima a la ley, el resultado del vacío en la intervención efectiva puede ser una pobre administración de los contratos y de los fondos públicos.A ningún funcionario en la isla se le ha imputado ni procesado por incumplir en el deber cuando se hacen de la vista larga y autorizan el pago con fondos públicos de facturas vagas e imprecisas, que dificultan saber qué servicio en realidad se prestó.Incluso, en el mismo contrato que otorga la entidad pública, las tareas o deberes que muchas veces impone al contratado son tan generales que permite que un consultor pueda facturar, por ejemplo, por "asistir a los constituyentes en agencias de gobierno" o "asistir en la emergencia del huracán", sin proveer detalles de las tareas que realizó.Certificar facturas de este tipo "puede ser negligencia en el cumplimiento del deber, pero ¿qué fiscal va a presentar cargos por eso?", cuestionó Rosario Morales. "Cuando en este país empiece a ser delito fallar con los controles internos y haya consecuencias, pues creo que...

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