Toledo V. Cartagena 1992, 132 D.P.R. 249
| Autor | Dra. Ruth E. Ortega-Vélez |
| Páginas | 620-622 |
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Prueba de Referencia: Admisiones Vicarias de Empleados Públicos Como Prueba Contra el Gobierno.
Hechos: En 1978, Ramón E. Toledo Maldonado fue detenido y arrestado por la Policía mientras conducía su vehículo de motor. Fue denunciado por violaciones a las Leyes de Explosivos y de Armas. En vista preliminar, el Tribunal de Distrito no determinó causa probable, archivó las denuncias y decretó su libertad. El dictamen se convirtió en final y firme.
El 1982, el periódico The San Juan Star publicó en su primera plana que en las vistas ante la Comisión del Senado que investigaba los sucesos del Cerro Maravilla, seis policías y ex policías habían declarado que las denuncias contra Toledo Maldonado habían sido fabricadas por órdenes del Coronel de la Policía Desiderio Cartagena Ortiz. Tres de los testigos informaron a dicha Comisión que el Coronel Cartagena les ordenó "poner la bomba en manos del independentista Toledo". Enterado por la prensa, en 1983, Toledo Maldonado presentó demanda ante el Tribunal Superior contra Cartagena Ortiz, en su capacidad personal y como Superintendente, el Teniente Juan Díaz y varios otros policías participante. La acción se radicó bajo las disposiciones de la Ley Federal de Derechos Civiles, el Art. 1802 del Código Civil, la Carta de Derechos Constitucional y la Enmienda XIV de la Constitución federal.
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Toledo Maldonado planteó que los demandados, so color de autoridad, le privaron de sus derechos constitucionales y estatutarios federales cuando lo acusaron falsamente, arrestaron y enviaron a la cárcel, todo ello maliciosamente y a sabiendas de que violaban su derecho al "disfrute de su propiedad al limitarle sus posibilidades de contratación en la empresa pública o privada por razón del estigma social que sufre en el país una persona acusada de poner bombas". Adujo que, incluso tuvo que abandonar sus estudios en la Facultad de Derecho de la U.I.A. Reclamó $500,000.00 en daños y perjuicios.
En febrero de 1984, Toledo Maldonado desistió contra todos los codemandados, excepto Cartagena Ortiz. Este negó los hechos y cualquier participación directa o indirecta en los mismos. En diciembre de 1984, Toledo Maldonado enmendó la demanda para incluir al Capitán Juan A. Díaz, al E.L.A. por alegada supervisión negligente, a Carlos Romero Barceló por supuestamente dar instrucciones para fabricar el caso, y a la Compañía de seguros. Los demandados negaron los hechos; Romero Barceló pidió la desestimación por...
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