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Uniones auguran poco impacto por decisión

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Vincent

Aunque una decisión reciente del Tribunal Supremo de EE.UU. tiene el potencial de reducir los ingresos de los sindicatos que agrupan a los servidores públicos, el impacto en las uniones en Puerto Rico sería mínimo debido al alto nivel de afiliación de los trabajadores a nivel local, coincidieron varios líderes obreros.

En la determinación del caso Janus vs. AFSCME, los jueces del Supremo federal anularon las leyes que permiten que las uniones impongan importes a los trabajadores que no estén afiliados a sus instituciones, pero que reciben los beneficios del convenio colectivo y la representación laboral del sindicato.

Estimados preliminares, sin embargo, apuntan a que esta decisión judicial puede reducir la matrícula de las uniones y disminuir los recursos económicos que poseen para atender los asuntos laborales, al menos en Estados Unidos.

Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), indicó que los desafiliados en los talleres que representan en el gobierno equivalen al 6% de los trabajadores en esas agencias. Los importes que le cobran a esos trabajadores no afiliados por los servicios que les proveen equivalen al 50% del costo de una matrícula regular, dijo Pagán. En Estados Unidos, la aportación es mucho mayor por los altos costos de esos trámites, dijo.

“En el caso nuestro, (la decisión) no va a tener un impacto tan grande porque la mayoría de los trabajadores son miembros de la unión, y se mantienen en la unión porque entienden la importancia de estas estructuras, máxime en momentos que se atenta contra los asuntos de los trabajadores”, sostuvo Pagán.

En similares términos, se expresó Luisa Acevedo, expresidenta de la Federación Central de Trabajadores y actual líder de la Fundación de Hogares para Trabajadores. Explicó que las uniones que representan a empleados públicos, especialmente los que se organizaron bajo la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público (Ley 45-1998), cuentan con niveles de afiliación muy altos, en comparación con sus contrapartes en otras jurisdicciones.

No está claro si la decisión tendría también impacto en los sindicatos de las corporaciones públicas. Esas entidades, por su estructura, se supone que guarden independencia del gobierno central. Además, las leyes que regulan a las uniones en esas instrumentalidades públicas son distintas a la Ley 45, que aplica a las agencias del gobierno central.

Pedro Irene Maymí, presidente de la Unión...

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