Zachry International V. Trib. Sup., 104 D.P.R. 267

Autor:Dra. Ruth E. Ortega Vélez
Páginas:447-449
 
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Clasificación por Razón de Género. Capacidad Jurídica (Standing). Hechos: El Tribunal Superior se negó a desestimar mediante sentencia sumaria la querella incoada contra la peticionaria por el Secretario del Trabajo en representación de diez obreras reclamando la suma total de $9,082.30 por trabajo realizado dentro del período para tomar alimentos.

Controversia: Si son inconstitucionales las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 105-1967, relativas a las condiciones del trabajo durante horas de almuerzo para mujeres obreras, y si las mismas, según interpretadas y aplicadas por el Secretario del Trabajo, infringen el precepto constitucional que prohíbe la discriminación por motivo de sexo.

Decisión del Tribunal Supremo: Dicta Sentencia Sumaria Parcial declarando inconstitucional la disposición de la Ley Núm. 105-1967 con relación a la limitación referente al descanso después de las cuatro horas de trabajo de una mujer obrera, y se devuelve el caso al tribunal de instancia para que determine, previa oportunidad a las partes, si subsiste fundamento por la cual no deba desestimarse totalmente la querella.

Fundamentos legales: La norma de no pasar juicio sobre planteamientos constitucionales, excepto cuando ello sea necesario, obliga al Tribunal Supremo a examinar dos aspectos de índole procesal: la procedencia, como mecanismo, de la sentencia sumaria y la capacidad (standing) de la recurrente para impugnar la ley citada por unos fundamentos específicos que correspondería alegar de ordinario, a otras personas. Este segundo aspecto representa una nueva dimensión a la doctrina expuesta en E.L.A. v. Aguayo, 1958, 80 D.P.R. 552, en donde el Tribunal Supremo resolvió que su facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes solo ha de ser ejercida dentro de los límites de una controversia real y efectiva entre partes opuestas interesadas en obtener un remedio determinante a sus relaciones jurídicas. Tal dimensión se refiere a la regla general de que un litigante no puede impugnar la constitucionalidad de una ley aduciendo que la misma infringe los derechos constitucionales de terceras personas que no son parte en la acción. Esta regla, corolario de una política de abstención judicial establecida con miras a evitar dictámenes sobre cuestiones constitucionales que resultan académicas o en abstracto, ha sido objeto de previa interpretación y prevalece en la jurisdicción federal. Sin embargo, como excepción a la misma...

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