Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 20 de Septiembre de 2001 - 154 DPR ____
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-2000-929 |
| TSPR | 2001 TSPR 129 |
| DPR | 154 DPR ____ |
| Fecha de Resolución | 20 de Septiembre de 2001 |
Certiorari
2001 TSPR 129
154 DPR ____
Número del Caso: CC-2000-929
Fecha: 20/septiembre/2001
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II
Juez Ponente: Hon. Zaida Hernández Torres
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo.
Radamés A. Torruella, Lcda. Maggie Correa Avilés, Lcda. Katherine González Valentín
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo.
Miguel A. Maza
Procedimiento civil, Regla 23.2, Limites del Descubrimiento de Prueba, Reclamación de Indemnización por Despido
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN
San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2001
En 1964, el Sr. Arturo M. Alfonso Brú (en adelante Sr. Alfonso o recurrido), comenzó a trabajar para la empresa Trane Company o "Jacques Dreyfuss of P.R.". Para el año 1974, Trane nombró al Sr. Alfonso Gerente de Oficina para el área del Caribe. Posteriormente Trane Company cambió su nombre a Trane Export, Inc. (en adelante Trane).1
Según se alega en la querella, el Sr. Alfonso no tenía un ingreso fijo determinado.
El recurrido era compensado con un salario básico, más (a) el 100% de las ganancias netas de todas las comisiones recibidas por ventas en la oficina de San Juan, después de haberse pagado los gastos operacionales y (b) el 30% de la ganancia neta antes de los impuestos de las ganancias que producían los departamentos de piezas, servicios y controles automáticos. En 1980, esta fórmula fue modificada de manera que el 30% de ganancia devengada de los departamentos de precios, servicios y controles automáticos se mantenía hasta alcanzar la meta de ganancia presupuestada, y el exceso de ganancias sobre esa meta se dividía en un 70% para el Sr. Alfonso y un 30% para Trane.
A partir del año 1990, Trane implantó un nuevo sistema de precios para Puerto Rico, del cual se le envió una copia revisada al Sr. Alfonso. Posteriormente, durante el año 1993, hubo varias reuniones entre los oficiales de Trane y el Sr. Alfonso en referencia a cambios y reestructuración del sistema mediante el cual se había estado compensado al recurrido hasta ese entonces. Estas conversaciones culminaron en un nuevo contrato de empleo que no llenó las expectativas del Sr. Alfonso. Finalmente, el 12 de enero de 1994, el recurrido cesó sus labores con Trane.2
El 24 de diciembre de 1996, el Sr. Alfonso presentó una querella contra su patrono y aquí peticionario, alegando despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. § 185, et seq., y discrimen por edad y origen nacional en violación a la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A.
§ 146, et seq. La querella se presentó al amparo del procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. § 3118 et seq (en adelante Ley 2). El Sr. Alfonso reclamó beneficios por salarios dejados de percibir en la cantidad de $ 2,400,000.00. Trane contestó la querella el 27 de febrero de 1997, negando la mayor parte de las alegaciones hechas por el Sr.
Alfonso.
Aunque esta querella se presentó al amparo del procedimiento sumario de la Ley 2, que como se sabe, establece unos términos expeditos para la tramitación de las reclamaciones labores,3 la peticionaria Trane compareció al tribunal por primera vez mediante contestación a la querella, el día 27 de febrero de 1997, o sea, a más de dos (2) meses de haberse presentado la reclamación ante el tribunal de instancia.
No surge del expediente que Trane hubiese solicitado prórroga alguna para contestar la querella. Tampoco surge del expediente que el Sr. Alfonso haya solicitado que se anotara la rebeldía por esta aparente comparecencia inoportuna de Trane, ni que el tribunal motu proprio hubiese dictado una orden a esos efectos.
Así las cosas, una vez trabada la controversia, ambas partes se involucraron en un complicado descubrimiento de prueba, consistente mayormente en interrogatorios, producción de documentos y deposiciones.4
Finalmente, las partes se reunieron el 28 de octubre de 1999 en conferencia con antelación al juicio.
Luego de la conferencia, en una reunión con la juez a cargo del caso Hon. Jeannette Tomasini Gómez, para auscultar la posibilidad de una transacción, salió a relucir el hecho de que el Sr. Alfonso había reportado en sus planillas de contribución sobre ingresos para los años en controversia, un ingreso mucho menor al reclamado en la querella en concepto de salarios. El Sr. Alfonso explicó que había sido objeto de una investigación por parte del Departamento de Hacienda (en adelante Hacienda), y que ese proceso culminó con la radicación de planillas de contribuciones sobre ingresos enmendadas para los años 1989 al 1994. El tribunal de instancia entonces emitió una orden verbal para que el querellante produjera, en un término de diez (10) días, copia de dichas planillas enmendadas para los años 1989 a 1994, y documentos relacionados con los cambios o enmiendas a dichas planillas, inclusive los relacionados a los acuerdos habidos entre el Sr. Alfonso y Hacienda. En ese momento, el Sr.
Alfonso no se opuso a la orden.
De la minuta de dicha reunión surge no obstante, que el Sr. Alfonso produjo en evidencia algunos documentos, incluyendo copia de las notificaciones de deficiencia contributiva hechas por Hacienda para los años 1988 al 1990, y copia del documento donde constaban los ingresos que el recurrido acordó con Hacienda. Estos documentos pusieron de manifiesto que los ingresos reportados por el Sr. Alfonso "se[guían] siendo mucho más bajos que lo que se alega en la demanda."5
Así las cosas, la querellada le solicitó al Sr. Alfonso, mediante carta de 23 de noviembre de 1999, que produjera varios documentos, incluyendo:
a. Notificaciones de deficiencia del Departamento de Hacienda y/o cualquier documento preliminar para los años 1988 al 1994, según aplique, y documentos de los que surjan los conceptos para las deficiencias notificadas por el Departamento de Hacienda.
b. Documentos relacionados con apelaciones instadas por el querellante.
c. Documentos relacionados con cualquier auditoria realizada por un oficial del Departamento de Hacienda para los años en cuestión.
d. Documentos relacionados con vistas administrativas o de otra índole celebradas como resultado de la auditoria de los ingresos reportados por el querellante y/o recursos de apelación instados por el querellante.
Durante los días 29 de noviembre y 1 de diciembre de 1999 se le tomó una deposición al Sr. Alfonso. Ese día, al parecer, el querellante produjo sólo algunos de los documentos solicitados. De su testimonio surgió que en una vista administrativa en apelación ante Hacienda, el Sr. Alfonso argumentó y convenció al foro administrativo de que alrededor de $100,000...
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