Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 30 de Octubre de 2007 - 172 DPR 349
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CP-2003-21 |
| DTS | 2007 DTS 189 |
| TSPR | 2007 TSPR 189 |
| DPR | 172 DPR 349 |
| Fecha de Resolución | 30 de Octubre de 2007 |
2007 TSPR 189
172 DPR 349, (2007)
172 D.P.R. 349 (2007), In re Rivera Vicente, 172:349
2007 JTS 194 (2007)
2007 DTS 189 (2007)
Número del Caso: CP-2003-21
Fecha: 30 de octubre de 2007
Abogados de la Parte Querellada: Lcda. Mónica I. De Jesús Santana
Lcda. Marta Quiñones Zambrana
Lcda. Lourdes María Torres Esteves
Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez
Oficina del Procurador General: Lcdo. Héctor Clemente Delgado
Procurador General Auxiliar
Lcda. Miriam Soto Contreras
Procuradora General Auxiliar
Lcdo. Salvador Antonetti Stutts
Procurador General
Lcda. Ana Garcés Camacho
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Maite D. Oronoz Rodríguez
Subprocuradora General
Lcda. Mariana D. Negrón Vargas
Subprocuradora General
Conducta Profesional, Se desestima la querella presentada en su contra y se ordena el archivo del asunto.
INTEGRACIÓN DE SALA ESPECIAL
San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2007.
Debido a la no intervención de los Jueces Asociados señores Rebollo López y Fuster Berlingeri, y a la inhibición de la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez, se constituye una Sala Especial integrada por el Juez Presidente señor Hernández Denton, el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora Fiol Matta, para entender en el caso núm. CP-2003-21, In re: Carlos Rivera Vicente.
Lo decretó y firma.
Federico Hernández Denton
CERTIFICO:
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Carlos Rivera Vicente CP-2003-21 Conducta Profesional
Sala Especial integrada por el Juez Presidente señor Hernández Denton, el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora Fiol Matta
San Juan, Puerto Rico a 30 de octubre de 2007.
El Procurador General presentó una querella en contra del Lcdo. Carlos Rivera Vicente (en adelante, Rivera Vicente) imputándole varias infracciones al Código de Ética Profesional. En síntesis, el Procurador General sostuvo que Rivera Vicente incurrió en conducta impropia al haber mostrado interés en obtener grandes beneficios a través de la creación de una entidad corporativa para la implantación de un plan creado por quien fuera su cliente, a saber, la Autoridad de Desperdicios Sólidos (en adelante, la Autoridad). Asimismo, alegó que Rivera Vicente violó el Canon 37 sobre participación del abogado en negocios, al examinarlo en conjunto con el Canon 21 sobre el deber de lealtad hacia los clientes. Además, le imputó haber violado el Canon 18, el cual exige de los abogados un trato hacia los clientes que se caracterice por la mayor diligencia y capacidad. Finalmente, sostuvo que Rivera Vicente violó el Canon 38 al arrojar sospechas sobre sus motivaciones en la relación que mantenía con la Autoridad.
Luego de que Rivera Vicente sometiera su posición sobre las alegaciones presentadas, nombramos un Comisionado Especial para que presidiera la vista evidenciaria, aquilatara la prueba y nos preparara un informe en el cual recogiera sus determinaciones de hechos. Examinado el informe correspondiente, concluimos que Rivera Vicente no incurrió en las violaciones señaladas.
Los hechos, según expuestos a continuación, surgen mayormente de las determinaciones fácticas del Comisionado Especial.
Rivera Vicente es socio propietario del Bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz (en adelante, el Bufete) con un 30% de participación en las acciones. El 1 de enero de 1994 el Bufete suscribió un contrato de servicios profesionales con la Autoridad. Antes de suscribir el referido contrato, Rivera Vicente había comenzado a diseñar una entidad mediante la cual pudiera participar del modelo de desarrollo económico establecido por la nueva administración que entró en función a partir de las elecciones generales de noviembre de 1992. Dicho modelo de desarrollo económico pretendía, entre otras cosas, conferirle mayor participación a la empresa privada en funciones tradicionalmente ejercidas por el Gobierno.
Los desarrolladores de la idea pretendían ofrecer servicios multidisciplinarios mediante un consorcio, el cual estaría integrado por varias entidades, entre ellas, el Bufete. Originalmente se denominó
"Integrated Services Partnership", I.S.P. pero eventualmente se incorporó bajo el nombre de "Puerto Rico Infraestrcuture Management Group, Inc., PRIME1"
(en adelante, PRIME).
Más tarde, en marzo de 1995, la Autoridad adoptó lo que se denominó como el "Plan de la Infraestructura Regional para el Reciclaje y la Disposición de Desperdicios Sólidos" (en adelante, el Plan). Para la preparación del Plan, la Autoridad fue asesorada por consultores internos y externos, sin ingerencia alguna del Bufete. Antes de su adopción, la Autoridad difundió la propuesta entre los medios de comunicación, los municipios y Bibliotecas del País. Además, se celebraron vistas públicas en diversos pueblos de la Isla donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de expresarse en cuanto a su contenido.
Una vez la Autoridad adoptó el Plan, y anticipando un posible aumento en la cantidad de trabajo legal, el Bufete comenzó a hacer gestiones para ampliar los servicios profesionales que le proveía a la entidad. Además, a principios del año 1998, Rivera Vicente promocionó la idea de PRIME en el Gobierno. Eventualmente, el entonces Director Ejecutivo de la Autoridad, Ing. Daniel Pagán, mostró interés en el concepto para atender los problemas de los desperdicios sólidos en el país porque entendía que el Gobierno no tenía los recursos necesarios.
En septiembre de 1998, en ánimo de prepararse para la implantación del Plan, el Bufete y la Lcda. Marie Code, Directora de la División Legal de la Autoridad, prepararon un modelo de contrato que serviría para comenzar la relación entre la Autoridad y la entidad que se escogiera para dicha gestión. El Lcdo. Pedro Maldonado Ojeda, entonces socio del Bufete, participó en la preparación del referido modelo de contrato.
Más tarde, PRIME preparó para la Autoridad -a solicitud de ésta- una propuesta para la implantación del Plan. No obstante, la Autoridad le solicitó propuestas a otras entidades, entre ellas, E & M Group. y Rosser, a las cuales se les proveyó la misma información que se le ofreció a PRIME. Tras evaluar las propuestas sometidas, la Autoridad escogió a PRIME para hacerse cargo de la implantación del Plan. Cuando se tomó la decisión de contratar a PRIME, la Autoridad sabía de los intereses de Rivera Vicente en la transacción y de que éste era su principal accionista (con un 75% de las acciones) porque Rivera Vicente le había divulgado la información.
En vista de que PRIME había sido seleccionada para la implantación del Plan, ésta y la Autoridad comenzaron a elaborar un contrato que se conocería como "Management Assistance Service Agreement" (en adelante, el Contrato). Para la elaboración del referido Contrato, las partes partieron del modelo que había estado preparando la Autoridad, mas las negociaciones conllevaron la preparación de más de cuarenta (40) borradores.
Durante el proceso de preparación del Contrato, la Lcda.
Code se mostró preocupada de que fuera Rivera Vicente quien negociara los términos y condiciones, toda vez que el Bufete era una de las entidades que componía PRIME y, por consiguiente, el mismo continuaría prestando servicios profesionales a favor de la Autoridad. Para atender la inquietud de la Lcda. Code, PRIME contrató al Lcdo. Carlos Ruiz Cox para que la representara durante la negociación, de manera que el Bufete no la asistiera durante esa etapa. La persona contacto entre el Lcdo. Ruiz Cox y PRIME sería el Lcdo.
Pedro Santiago, Presidente de PRIME. Además, para evitar mayores preocupaciones, el Bufete optó por renunciar al contrato de servicios profesionales que tenía con la Autoridad. La renuncia se hizo por medio de una carta suscrita el 16 de noviembre de 1998 por Rivera Vicente en representación del Bufete.
Aproximadamente dos meses después, el 15 de enero de 1999, el Ing. Pagán autorizó el otorgamiento del contrato entre PRIME y la Autoridad para el desarrollo de los
proyectos incluidos en el Plan. Al acto de otorgamiento comparecieron el Ing. Pagán, en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; la Ing. Longoria, en representación de la Autoridad y el Lcdo. Santiago, por parte de PRIME.
En el Contrato se acordó que la Autoridad autorizaba a PRIME a subcontratar a las entidades que componían el consorcio, entre ellas, al Bufete. Asimismo, se acordó que la facturación de las entidades subcontratadas se haría a través de PRIME. El contrato disponía, además, que PRIME y sus subcontratistas observarían completa lealtad hacia la Autoridad y hacia los principios que ésta promueve. De la misma forma, se dispuso que PRIME sería responsable por el cumplimiento de los trabajos subcontratados y que no se entendería que existe un contrato entre las entidades subcontratadas y la Autoridad.
Por otro lado, se acordó que en la subcontratación a ser realizada por PRIME se establecería que los subcontratistas estarían igualmente obligados al cumplimiento de las disposiciones del contrato entre PRIME y la Autoridad en cuanto aplicara a sus respectivos servicios. Asimismo, allí se certificó que PRIME no tenía ningún conflicto de interés o de política pública con la Autoridad. En atención a ello, el contrato proveía para el nombramiento de un Comité que se encargaría de velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas a los conflictos de intereses.
Posteriormente, el 23 de marzo de 1999, se otorgó el contrato correspondiente entre PRIME y el Bufete como subcontratista y...
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