Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 22 de Mayo de 1911 - 23 D.P.R. 1

EmisorTribunal Supremo
DPR23 D.P.R. 1
Fecha de Resolución22 de Mayo de 1911

23 D.P.R. 1 (1915) GONZÁLEZ V. ROSADO EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO González, Demandante y Apelante, v. Rosado, Demandado y Apelado.

Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre nulidad de actuaciones y daños y perjuicios.

No. 1327.-Resuelto en julio 23, 1915.

Los hechos están expresados en la opinión.

Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

El apelado no compareció.

El Juez Asociado Sr. del Toro emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito titulado sobre nulidad de mandamiento de ejecución e indemnización de perjuicios, entablado originalmente en la Corte de Distrito de Mayagüez por Ignacio González contra Arturo Rosado. La demanda consta de veinte hechos que pueden resumirse sustancialmente así: Agustín Hernández Mena siguió un pleito en la Corte Municipal de Mayagüez contra Leocadia Rodríguez y obtuvo sentencia a su favor por la suma de $110.

Se procedió a la ejecución de esa sentencia embargándose al efecto cierta propiedad inmueble que fué vendida en pública subasta el 24 de octubre de 1911 por la suma de $132.28.

En otro pleito seguido entre el dicho Agustín Hernández Mena y el demandado Arturo Rosado, se condenó al primero al pago de las costas, aprobándose finalmente por la corte de distrito un memorándum ascendente a $137.20.

Hernández Mena apeló para ante este Tribunal Supremo y la resolución de la corte de distrito fué confirmada por sentencia de 22 de mayo de 1911. El 23 de octubre de 1911, Arturo Rosado, el demandado, solicitó y obtuvo de la corte de distrito una orden de ejecución para el cobro de los dichos $137.20, sin haberse hecho a Hernández Mena notificación previa alguna a fin de que directamente los pagara. El márshal del distrito, en cumplimiento de la indicada orden de 23 de octubre de 1911, embargó, el 24 de octubre de 1911, el producto de la subasta celebrada en la ejecución de la sentencia dictada a favor de Hernández Mena, en el pleito a que nos referimos en el párrafo anterior.

El propio día 24 de octubre de 1911, Ignacio González, el demandante, presentó al márshal del distrito una petición jurada, acompañada de una fianza, a fin de que el dicho funcionario le entregara $131.55 de los $132.28 que había embargado como de la propiedad de Hernández Mena, por haberle éste cedido sus derechos con anterioridad al embargo. El márshal no accedió, entregando la dicha suma al demandado Rosado Fussá. El demandante Ignacio González solicitó entonces contra el márshal un auto...

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