Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 5 de Noviembre de 1929 - 40 D.P.R. 412
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 40 D.P.R. 412 |
| Fecha de Resolución | 5 de Noviembre de 1929 |
40 D.P.R. 412 (1930) SEPÚLVEDA V. ACOSTA TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Juana Francisca Sepúlveda y Román, peticionaria, v. Angel Acosta Quintero, Juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, P. R., demandado.
No.: 680, -Sometido: Diciembre 23, 1929, Resuelto: Enero 16, 1930.
Certiorari para revisar resolución de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), negándose a dejar sin efecto una sentencia por transacción. Sin lugar el recurso, anulándose el auto expedido.
Cristino R. Colón, abogado de la peticionaria; Agustín E. Font y F. Parra Capó, abogados del juez demandado y del interventor en el pleito principal, respectivamente.
El Juez Asociado Señor Texidor, emitió la opinión del tribunal.
En este caso se trata de un litigio iniciado por Juana Francisca Sepúlveda contra Rufino Guilliotty Pagán, para que se declarase nula una escritura de compraventa. En el récord aparece una moción firmada por los abogados de ambas partes, por la cual se llega a una transacción declarándose válida y eficaz la escritura de que se trata, y obligándose el demandado a hacer ciertos pagos. La Corte de Distrito de Ponce, ante la que se hallaba el pleito, dictó en él una sentencia por transacción, de acuerdo con los términos de ésta, y la sentencia fué notificada. Cambió entonces de abogado la demandante; y presentó moción para que se dejara sin efecto la sentencia.
En la vista de esta moción intervino el abogado Sr. Parra Capó, que antes había representado a la demandante, y que presentó una contestación jurada, acerca de su intervención, y de la forma en que se llegó a la transacción.
Se oyó la prueba testifical que se presentó, y se unió la documental. Y el juez Sr. Acosta Quintero, dictó una resolución, por la que declaró que la sentencia de que se trata, es definitiva y final; que contra ella no se interpuso recurso alguno; que la transacción que fué base de la misma, es correcta, y tiene autoridad suficiente; y declarando sin lugar la moción.
Del récord aparece que en 5 de noviembre de 1929, Juana Francisca Sepúlveda apeló de la resolución dictada, para ante este Tribunal Supremo, y luego pidió transcripción de la evidencia. En 6 de noviembre de 1929, la misma apelante formuló su petición de certiorari acerca de la que resolvemos.
Tenemos, pues, como primer elemento de estudio, el hecho de que la misma resolución es objeto de dos recursos; el de apelación, y el certiorari.
Sobre este extremo se llama nuestra atención por los demandados e...
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