Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 17 de Julio de 1928 - 41 D.P.R. 266
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 41 D.P.R. 266 |
| Fecha de Resolución | 17 de Julio de 1928 |
41 D.P.R. 266 (1930) PUEBLO V. CARRIL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v.
Benito Carril, acusado y apelante.
No.: 3960, Sometido: Enero 16, 1930, Resuelto: Junio 27, 1930.
Sentencia de Pablo Berga, J. (San Juan), condenando al acusado por infracción al Reglamento de Sanidad No. 53. Revocada, absolviéndose al acusado.
José Carbia Miranda, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
El Juez Asociado Señor Wolf, emitió la opinión del tribunal.
Benito Carril, un farmacéutico, fué acusado ante la Corte Municipal de San Juan de haber infringido la sección 1 a. del Reglamento No. 53. La denuncia no especificaba cuál era el reglamento infringido y en ella se alegaba que el delito fué cometido de la manera siguiente: Que en 17 de julio de 1928, y en Santurce, calle Loíza esquina a la calle Carrión, del distrito judicial municipal de San Juan, Benito Carril, que es farmacéutico con farmacia abierta al público, en Santurce, etc., tenía expuestas a la venta cápsulas gelatinosas en un frasco rotulado cápsulas de aceite de castor de 2-1/2 gramos. Que de dichas cápsulas vendió a la familia Rabainne, de Santurce, cuatro cápsulas como cápsulas de aceite de castor, las que tomó un miembro de dicha familia Rabainne sintiéndose al poco tiempo con síntomas de intoxicación, siendo asistido por los Dres. M. Pujadas Díaz y Víctor Gutiérrez Ortiz. Que el Lcdo. Carlos del Rosario, Jefe de División de Alimentos y Drogas del Departamento de Sanidad Insular, ocupó dicho frasco rotulado cápsulas de aceite de castor a la farmacia Carril, y examinadas dichas cápsulas contenidas en el frasco por el Laboratorio Químico Insular, resultaron ser de tetracloruro de carbono, y no de aceite de castor, como expresaba el rótulo del frasco ocupado al Sr. Carril en su farmacia de Santurce. Que este hecho es contrario a la ley, constituyendo una infracción al artículo 1 del Reglamento No. 53 de mayo 10 de 1917. (No se expresa de qué departamento.) El acusado fué convicto ante la corte municipal, e igualmente en apelación en la corte de distrito.
Cuando el caso fué traído para ser discutido ante esta corte, surgió la cuestión de si un farmacéutico que de buena fe vende drogas falsamente rotuladas no por él sino por otros, podía ser acusado de delito; respecto a si no se podía imponer a un farmacéutico el deber de no vender ninguna droga a menos que resultare ser lo que aparecía en el rótulo. Tomaremos conocimiento judicial del hecho de que usualmente los farmacéuticos reciben de fabricantes de productos químicos toda clase de drogas y medicinas corrientes (standard). Se presentó el problema de si se podía exigir de un farmacéutico que analizara antes de venderla toda droga recibida por él de los citados fabricantes de productos químicos. También surgió un problema incidental con relación a si el poder de policía podía extenderse hasta el extremo de hacer a un farmacéutico criminalmente responsable a menos que se demostrara la existencia de una intención criminal. Bajo estas circustancias se hace necesario examinar cómo y cuándo y con qué autoridad el supuesto delito fué definido por las leyes de Puerto Rico.
Se imputa al apelante una infracción del artículo primero del Reglamento 53.
Este resulta ser un reglamento del Departamento de Sanidad, promulgado por el Gobernador Yager el 10 de mayo de 1917, y prescribe lo siguiente: "Artículo 1. --Ninguna persona, sindicato, corporación, institución de cualquier carácter que sea, venderá, ofrecerá, expondrá en venta o tendrá para la venta, hará conducir o almacenará alimento o droga alguno, para el consumo en la Isla de Puerto Rico, que esté adulterado o falsamente rotulado, dentro del concepto legal que se define...
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