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Una agenda de destrucción

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Vincent

RAFAEL COX ALOMAR

ABOGADO

Tal es la difícil coyuntura por la que hoy atraviesa el País. Mientras el pueblo continúa atrapado en el desesperante círculo vicioso de la estrechez económica, de la violencia sin control y de la más abyecta desesperanza, desde la oficialidad de la presente administración se viene entretejiendo un marco ideológico (carente de validez intelectual) con el cual intentar legitimar esa agenda de destrucción institucional que con tanto ahínco se ha venido ejecutando.

Y sin lugar a dudas, las desacertadas declaraciones del gobernador Luis Fortuño en Madrid (reseñadas en El País el 21 de enero) sobre la alegada transculturación de los puertorriqueños forman parte de ese marco ideológico. Sin embargo, la amenaza mayor a lo que queda de nuestra institucionalidad no surge de las expresiones desatinadas de Fortuño (expresiones que en el análisis final se las llevará el viento) sino del desconcertante ánimo destructivo de la recién estrenada plantilla de nuevos jueces del Tribunal Supremo. He ahí la más grave amenaza.

El 20 de enero, en una ponencia presentada ante el Federal Bar Association, el juez asociado Edgardo Rivera García reveló abiertamente que los jueces del "Nuevo Tribunal" se proponen "alejarse" del alegado "purismo civilista" de la Corte Trías.

¿Y qué significa esto? Muy sencillo. Significa, fundamentalmente, una impermisible marcha al pasado. Un improcedente viaje en el tiempo a los primeros años de la ocupación norteamericana (a los tiempos del nefasto juez asociado Louis Sulzbacher (1900-04)) cuando un tribunal supremo desorientado y colonizado desfiguró nuestra rica cultura civilista heredada de la tradición continental europea (a través de España) para, en su lugar, sobreimponer inconexa y arbitrariamente figuras y doctrinas del derecho común anglosajón completamente ajenas a nuestra tradición legal (véase Marimón v. Pelegrí, 1 D.P.R. 225 (1902) y Esbrí v. Sucesión Serrallés, 1 D.P.R. 321 (1902)).

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