Sentencia de Tribunal Apelativo de 6 de Julio de 2012, número de resolución KLCE201200712
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE201200712 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 6 de Julio de 2012 |
| | | CERTIORARI procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce Civil Número: JAC2010-0606 Sobre: Impugnación de Confiscación |
Panel integrado por su presidente, el Juez López Feliciano, el Juez Hernández Serrano, la Jueza Birriel Cardona y el Juez Rodríguez Casillas.
Per Curiam
R E S O L U C I Ó N
En San Juan, Puerto Rico, a 06 de julio de 2012.
Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el ELA) y por conducto del Procurador General nos solicita que revisemos y revoquemos la resolución emitida el 3 de abril de 2012 por la Sala Superior de Ponce del Tribunal de Primera Instancia (el TPI). En dicho dictamen el foro primario declaró sin lugar una solicitud de desestimación de la demanda promovida por el ELA, en la que alegó que los recurridos, Popular Auto Inc. y Universal Insurance Company, no tenían legitimación activa para iniciar una acción dirigida a impugnar un acto de confiscación por parte del Estado.
La cuestión planteada por el ELA en su solicitud de desestimación de la demanda se basó en ciertas disposiciones de la Ley Núm. 119 de 12 de julio de 2011 (Ley Núm. 119), conocida como la Ley Uniforme de Confiscaciones, de 2011.1 Este estatuto entró en vigor inmediatamente después de su aprobación y por mandato legislativo su aplicación es retroactiva.2
Los orígenes de este recurso se configuran en una demanda presentada el 9 de noviembre de 2010 por los recurridos contra el ELA, impugnando la confiscación de un vehículo de motor.3
Alegaron que la confiscación del auto era nula e ilegal por no haberse cumplido con los requisitos de notificación exigidos por la Ley de Confiscaciones.
Argumentaron, además, que el auto no había sido utilizado en violación de ley alguna que justificara su confiscación.
En respuesta, el 28 de septiembre de 2011 el ELA presentó una moción en solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. En la resolución recurrida el TPI recogió el planteamiento desestimatorio del ELA en los siguientes términos:
Plantea además el Estado que de conformidad con la nueva Ley de Confiscaciones, supra, el derecho propietario es exclusivo del comprador y dueño del vehículo confiscado. Alega que el comprador a cuyo nombre se registra la unidad vehicular en el Registro de Vehículos del Departamento de Transportación y Obras Públicas es el dueño titular con dominio y control sobre el vehículo. Aduce que en ausencia de prueba fehaciente de que el dominio y control sobre el vehículo haya sido traspasado a un tercero con anterioridad al momento de la confiscación, el dueño registral del vehículo es la única parte legitimada para ejercer una causa de acción de impugnación de confiscación contra el Estado como en este caso sería la señora Kirsten Espinosa Martínez.
Aduce que Popular Auto y/o Banco Popular, no es el dueño del vehículo por cuanto no ejercía dominio ni control sobre el mismo previo a la confiscación y que en el caso de autos, la aseguradora, Universal Insurance Company, comparece en representación de su propio interés económico. 4
A la luz de lo anterior, los recurridos presentaron una solicitud para enmendar la demanda al amparo de la Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil con el único propósito de cumplir con la Ley Núm. 119, supra, para comparecer en representación y a nombre de la titular registral del vehículo.5 Posteriormente, presentaron su oposición a la solicitud de desestimación interpuesta por el ELA. En la resolución recurrida el TPI la consignó en los siguientes términos:
La demandante interpuso Solicitud para Enmendar la demanda al amparo de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil con el único propósito de cumplir con Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 para comparecer en representación y a nombre de la titular registral del vehículo, Kirsten Espinosa Martínez.
Igualmente presentó Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos en atención al recurso presentado en el Tribunal de Distrito Federal sobre Injunction Preliminar y Permanente y la misma fue resuelta denegada.
Posteriormente, la demandante interpuso Moción en Oposición a desestimación, cuestionando la constitucionalidad de la nueva Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. Plantea que la ocupación de la propiedad que motivó la radicación de la demanda ocurrió al amparo de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 o sobre propiedad que aun cuando fue ocupada luego de la aprobación de la Ley, se encontraba sujeta a obligaciones contractuales reconocidas tanto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico como por la legislación anterior a la aprobación de la Ley.
En síntesis, la demandante sostiene su Oposición en los siguientes fundamentos: (1) que la retroactividad de las disposiciones de la nueva Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, no pueden privar los derechos adquiridos por las partes de una legislación anterior; (2) que el derecho a impugnar la confiscación de las partes está intrínsecamente relacionado al debido proceso de ley contemplado en el Artículo II, sección 7 de la Constitución de Puerto Rico; (3) que la jurisprudencia ha reconocido que tanto la entidad financiera como las compañías de seguro tienen interés legítimo en la propiedad confiscada y por lo tanto tienen legitimación activa para impugnar la confiscación; (4) que las compañías de seguro, pueden colocarse en la misma posición del asegurado para invocar aquellos derechos que le fueron cedidos, en virtud del derecho de subrogación.
La demandante aduce que Universal Insurance Co., expidió una póliza de seguro (88PP457771) a nombre de la dueña del vehículo, Kirsten Espinosa Martínez, quien para la fecha de la confiscación era la aseguradora principal del vehículo confiscado a favor de Popular Auto, acreedor financiero del vehículo, el cual tenía una cubierta en la eventualidad de la confiscación, que ya fue reclamada a Universal Insurance Co. y satisfecha. Sostiene que una vez la parte demandada notificó la ocurrencia de la ocupación de la propiedad para confiscación, tanto la compañía de financiamiento como la aseguradora adquirieron legitimación e interés en hacer valer sus derechos y obligaciones sobre la propiedad incautada ante cualquier foro competente.
Tomando en cuenta los planteamientos de ambas partes, pertinentes a la desestimación de la demanda solicitada, el TPI dictó la resolución de la cual se recurre.
La retroactividad de la Ley Núm. 119, supra,6 aplicada a aquellos procedimientos de confiscación que se hubieran iniciado en virtud de la anterior Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988, tiene serias limitaciones. Así lo entendió el TPI al citar el alcance de lo dispuesto en el Artículo 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3. Dicho artículo dispone lo siguiente:
Las leyes no tendrán efecto retroactivo, sino dispusieren expresamente lo contrario. En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior.7
En materia de leyes relacionadas con confiscaciones de propiedad privada, puntualizó el TPI en su resolución que impera la norma de que este tipo de legislación debe ser interpretada de manera restrictiva, razón por la cual las confiscaciones prima facie no son favorecidas por los tribunales, ya que tienen un carácter punitivo.8
El cuestionamiento medular del ELA ante el TPI estribó en su alegación de que los recurridos, a la luz de la Ley 119, supra, carecían de legitimación activa para impugnar la confiscación. Argumentó que bajo el nuevo estatuto de confiscaciones ni la aseguradora de un vehículo de motor confiscado, como tampoco la entidad que proveyó el financiamiento para su adquisición bajo contrato de venta condicional, tienen legitimación activa para impugnar la confiscación del mismo. Adujo que al aprobarse la Ley Núm. 119, supra, el legislador aclaró quienes tienen derecho a impugnar una confiscación, disponiendo que un demandante tiene que establecer que es el dueño de la propiedad confiscada antes de ocurrir la confiscación, para poder impugnar la misma. Y que la definición de dueño se refiere a la identidad de la persona que ejercía dominio y control sobre la propiedad antes de su confiscación.
Añadió el ELA, que Universal Insurance Co. (en adelante Universal), como aseguradora del vehículo confiscado, puede adquirir los derechos sobre el gravamen de venta condicional perteneciente a la institución financiera, por vía de subrogación. Es así, ya que la subrogación no confiere mayores derechos a la aseguradora que los que tenía el asegurado; y que se coloca en la misma posición de éste, pues nadie puede adquirir vía subrogación derechos que no tenía aquel cuyos derechos invoca el asegurador. 9
En cuanto a Popular Auto, Inc., (en adelante Popular Auto) entidad que financió la venta del vehículo confiscado, argumentó el ELA que éste no puede aprovecharse de los mecanismos provistos por la Ley Núm. 119, supra, para lograr la reposesión del vehículo o para recuperar su pérdida. En tal caso, dicho acreedor debe dilucidar sus reclamos de resarcimiento en un pleito separado.10
Así, el 1 de marzo de 2012 los recurridos presentaron una solicitud para enmendar la demanda, con el propósito de incluir como parte codemandante a la titular registral del vehículo confiscado, la señora Kirsten Espinosa Martínez. Dispusieron, además, que Universal comparecía en representación de y a nombre de la dueña del vehículo. No obstante, no acompañó la demanda enmendada con la fianza requerida por el Artículo 16 de la Ley Núm.
119, supra.
En su resolución de 3 de abril de 2012, el TPI aludió a las disposiciones de la...
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