Sentencia de Tribunal Apelativo de 16 de Agosto de 2013, número de resolución KLCE201300887
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE201300887 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 16 de Agosto de 2013 |
| ELIEZER SANTANA BÁEZ, ET ALS Peticionario v. OFICIAL BORRERO ET ALS Recurridos | KLCE201300887 | CERTIORARI procedente del Tribunal de Primera Instancia Sala de Bayamón Civil Núm. D DP2012-0324 (503) SOBRE: DAÑOS Y PERJUICIOS |
Panel integrado por su Presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2013.
Comparece el señor Eliezer Santana Báez y demás co-demandantes del epígrafe, en adelante los peticionarios, mediante el presente recurso de certiorari y solicitan la revisión de una orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, con fecha de 2 de julio de 2013, archivada en autos copia de su notificación el 16 de julio de 2013. Además, hasta tanto dilucidemos la procedencia de dicha petición de auto discrecional, los peticionarios solicitan que emitamos una orden en auxilio de nuestra jurisdicción, a los efectos de paralizar los procedimientos que penden ante el TPI.
Por los fundamentos que se exponen a continuación, prescindimos de ordenar la comparecencia escrita de la parte recurrida1 y determinamos expedir el auto de certiorari solicitado. En su consecuencia, revocamos la determinación del foro de instancia. Exponemos.
El 2 de abril de 2013 se suscitó un incidente en la institución carcelaria donde se encuentran confinados los peticionarios. Dicho incidente consistió de una situación en la que alegadamente varios oficiales de custodia entraron a la celda donde se encontraban los peticionarios y les rociaron gas pimienta, lo cual afectó la salud de estos y conllevó que tuvieran que ser trasladados a la sala de emergencias del anexo 308 para recibir atención médica.
Como consecuencia de los hechos antes mencionados, los peticionarios presentaron una Demanda en solicitud de una indemnización por daños y perjuicios en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y los funcionarios que estuvieron involucrados en el incidente, en su carácter personal. Asimismo, le solicitaron al foro de instancia que les asignara un abogado de oficio que los representara en dicho litigio civil, así como que se expidieran los emplazamientos que serían diligenciados a los demandados por conducto de los alguaciles del tribunal. Tales emplazamientos fueron expedidos y más tarde debidamente diligenciados.
De otra parte, en cuanto a la solicitud de asignación de representación legal de oficio, el TPI llegó a designar a tres abogados, quienes luego solicitaron, y obtuvieron de dicho foro, el relevo de la representación; dos de ellos por razones de salud y uno por razón de residir y mantener su práctica legal en el Municipio de Mayagüez. La última abogada que fue asignada de oficio para atender el caso civil objeto de controversia fue la Lcda. Lissette Bonefont González. Más tarde, ésta solicitó el relevo de la representación por razones médicas, las cuales evidenció mediante documentos. No obstante, luego el TPI emitió una orden y les requirió a los peticionarios que procuraran conseguir representación legal. En específico, la orden aludida reza como sigue: Parte demandante deberá procurar representante legal de forma independiente.
Inconformes con dicha determinación, los peticionarios acuden ante nos mediante el presente recurso de certiorari y solicitud de orden de paralización de los procedimientos a nivel de instancia, para evitar un fracaso a la justicia. Como único señalamiento de error, los peticionarios apuntan que:
Erró el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, al desproveer de la representación legal que venía asignándole a los peticionarios para auscultar la posibilidad de que un abogado tome el caso, dejándonos a todos, legos en derecho, en la indefensión ante la maquinaria del Estado que representa a los demandados, obviando así las innumerables sentencias de este Foro al respecto.
Cabe destacar que los peticionarios aludieron a varios casos resueltos por el Tribunal de Apelaciones, en los que el peticionario Eliezer Santana figuraba como demandante.2 En síntesis, en tales casos el foro apelativo fue consistente al reconocer que, si bien un litigante indigente no posee un derecho constitucional a obtener representación legal de oficio en casos civiles, los indigentes que están confinados en una institución carcelaria tienen escasas alternativas para conseguir representación legal y es deber de nuestro sistema de justicia salvaguardarles su derecho de acceso a la justicia.
Examinada la petición de orden en auxilio de jurisdicción, a la luz del derecho aplicable, resolvemos expedir el auto discrecional solicitado y revocar la determinación recurrida.
A. Certiorari.
La competencia del Tribunal de Apelaciones emana, en primera instancia, de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 24, et seq., la cual dispone en su Art. 4.006, lo siguiente:
El Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes asuntos:
(a) Mediante recurso de apelación de toda sentencia final dictada por el Tribunal de Primera Instancia. (b) Mediante auto de...
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