Sentencia de Tribunal Apelativo de 26 de Septiembre de 2005, número de resolución KLRA200500656
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLRA200500656 |
| Tipo de recurso | Recursos de revisión administrativa |
| Fecha de Resolución | 26 de Septiembre de 2005 |
LEXTCA20050926-03 Camuñas Madera v. Cucuta Cardona
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
REGION JUDICIAL DE MAYAGUEZ
| RICARDO CAMUÑAS MADERA RECURRIDO V. AGAPITO CUCUTA CARDONA ROOFING SERVICES OF MAYAGÜEZ INC. AKA MAYAGUEZ ROOFING PETICIONARIO | KLRA200500656 | REVISIÓN ADMINISTRATIVA procedente de DEPARTAMANETO DE ASUNTOS AL CONSUMIDOR DE MAYAGUEZ SOBRE: Impermeabilización de Techo Caso Núm: 5000005217 | |||||
Panel integrado por su presidente, la juez López Vilanova y los jueces Córdova Arone y Escribano Medina
Escribano Medina, Juez Ponente
R E S O L U C I Ó N
En San Juan, Puerto Rico a 26 de septiembre de 2005.
La Corporación ROOFING SERVICES OF MAYAGÜEZ INC., recurre ante nos por derecho propio representada por su presidente y administrador Agapito Cúcuta Cardona.
La recurrente solicita la revisión de las resoluciones emitidas el 20 de julio de 2005 y 12 de agosto de 2005 por el Departamento de Asuntos al Consumidor, Querella número 500005217, Ricardo R. Camuñas Madera, querellante v. Roofing Services of Mayagüez Inc., AKA Mayagüez Roofing.
Al leer el recurso, surge que la Corporación
recurrente está representada por su presidente señor Agapito Cucuta Cardona quien no está admitido a ejercer la profesión de abogados ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico ni por el Tribunal Supremo.
En Benito Muñoz Inc. v. Productora Puertorriqueña de Alimentos, Inc., 109 D.P.R. 825, 828 (1980), el Tribunal Supremo por voz de Hon. Antonio Negrón García estableció la norma que prohíbe a los entes corporativos de comparecer por derecho propio a los tribunales de justicia de Puerto Rico. Véase González v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 132 D.P.R.
638, 641, nota al calce 1 (1993); Warner Lambert v. F.S.E., 111 D.P.R. 842, 846 (1982); Lizabarríbar v. Martínez Gelpí, 121 D.P.R. 770, 786 (1980).
Esta norma responde a razones de política pública, ya que sólo a través de abogados autorizados y el comportamiento ético que a ellos se les impone, se puede lograr estabilidad en la responsabilidad social del ente corporativo.
Benito Muñoz Inc. v. Productora Puertorriqueña de Alimentos, Inc., supra.
Las personas naturales son las únicas autorizadas para ejercer la profesión de la abogacía. A modo de excepción, se permite que una persona natural represente ante los tribunales sus asuntos propios, sin embargo, ello no aplica a las personas jurídicas como lo son las corporaciones.
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