Sentencia de Tribunal Apelativo de 26 de Octubre de 2005, número de resolución KLAN200500263
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN200500263 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 26 de Octubre de 2005 |
| MARINA FERNÁNDEZ OSORIO | | APELACIÓN procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan Civil Núm.: KDP95-0770 |
Panel integrado por su presidenta, la Juez Rodríguez de Oronoz, el Juez López Feliciano y la Juez García García
López Feliciano, Juez Ponente
S E N T E N C I A
En San Juan, Puerto Rico a 26 de octubre de 2005.
Mediante el presente recurso comparece ante este foro apelativo Marina Fernández Osorio (en adelante la apelante) solicitando la revocación de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (T.P.I.), en el caso Marina Fernández Osorio v. Chase Manhattan Bank, Carmen Baerga Santini y otros, Civil Núm. KDP95-0770(806). Mediante la misma el foro apelado dictó sentencia sumaria a favor de la parte apelada y desestimó la acción por falta de jurisdicción.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes y del derecho aplicable, estamos en posición de resolver, lo que a continuación hacemos.
El 13 de junio de 1995, la apelante presentó una demanda en daños en contra del Chase Manhattan Bank, la Sra. Carmen Baerga Santini en su carácter
personal, la Junta de Directores del Condominio Cristal House (en adelante la Junta) y el Banco Santander, entre otros. En la misma alegó que es dueña de un apartamento en el Condominio Cristal House (en adelante el Condominio) desde el 1975; que por inadvertencia de la Junta, al momento de asignar los estacionamientos cuando se vendían los apartamentos, ocurrió una doble venta del estacionamiento número 190 que alegadamente le había sido asignado a la apelante al momento de la compraventa; que después de un proceso judicial se verificó que la otra condómino a quien también le había sido vendido el referido estacionamiento había adquirido primero por lo que se le otorgó a ella la propiedad exclusiva del estacionamiento.
En su reclamación la apelante adujo que al quedar desprovista de un espacio de estacionamiento acudió ante la Junta para solicitar el uso del estacionamiento número 219. No obstante, la Junta se negó a asignarle dicho estacionamiento a pesar de que, luego de una investigación registral, la apelante constató que el mismo no había sido asignado a nadie en la Escritura Matriz.
Añadió que fue objeto de humillaciones y vejámenes por parte de la presidenta de la Junta de Directores, Carmen Baerga Santini, en su carácter personal por el sólo hecho de querer hacer valer sus derechos.
Sostuvo además que en 1994 instó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante el DACo) en la que solicitó que se le ordenara a la Junta que le asignara un espacio de estacionamiento permanente. En virtud de la querella radicada, el DACo emitió una resolución el 11 de octubre de 1994 mediante la que ordenó a la Junta convocar una reunión del Consejo de Titulares para que éstos acordaran lo procedente en cuanto a asignar un estacionamiento permanente a la apelante.
Solicitada reconsideración por ambas partes, el DACo emitió una resolución en reconsideración en la que aclaró que le correspondía al Consejo de Titulares la determinación de asignar o no un área de estacionamiento permanente a la apelante, ya que es el organismo rector y deliberativo del Condominio.
La reunión ordenada se celebró el 4 de abril de 1995, y como resultado de la misma el Consejo de Titulares determinó no asignarle el estacionamiento número 219 a la apelante, sino que decidieron asignarle un estacionamiento dentro de las inmediaciones del Condominio por el que debería pagar un alquiler mensual.
Inconforme con la determinación del Consejo de Titulares, la apelante acudió ante el T.P.I. mediante la demanda antes referida, presentada el 13 de junio de 1995.
Luego de múltiples trámites procesales irrelevantes a la controversia que nos ocupa, el 3 de febrero de 1998 los co-apelados Condominio Cristal House y la Sra. Carmen Baerga Santini solicitaron que el T.P.I. dictara sentencia sumaria alegando falta de jurisdicción. Presentada por la apelante la correspondiente oposición, el 17 de marzo de 1998 quedó sometida la controversia ante el foro apelado.
El 16 de diciembre de 2004, 6 años después, el T.P.I. emitió una sentencia en la que se pronunció con lugar en cuanto a la solicitud de sentencia sumaria presentada por los apelados. En virtud de la misma desestimó en su totalidad la acción presentada por falta de jurisdicción.
Inconforme la apelante acude ante nos mediante el presente recurso.
La apelante presenta los siguientes señalamientos de errores:
(1) Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que existe falta de jurisdicción sobre la materia lo que impide al foro dilucidar la presente controversia; y,
(2) Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia sumaria a favor de la parte demandada en vista de que existen controversias de hechos que hacen indispensable una vista en los méritos para adjudicar la presente controversia.
Veamos a continuación si el T.P.I. incidió en algunos de dichos errores.
La doctrina de jurisdicción primaria tiene el propósito de guiar a los tribunales para determinar si la cuestión de hecho a ser considerada requiere el ejercicio de la discreción administrativa o aplicación del conocimiento especializado que la agencia posee. En este caso, la reclamación debe considerarse inicialmente por el foro administrativo correspondiente. Asoc. Pesc. Punta Figueras v.
Puerto del Rey, Inc., 155 D.P.R. ___ (2001), 2001 T.S.P.R. 174, 2002 J.T.S. 4; Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347, 354 (1988).
Dicha doctrina presupone no...
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