Ley Núm. 242 de 10 de Noviembre de 2006 de Enmienda Art. 9 de Oficina del Contralor
| Evento | Ley |
| Fecha | 10 de Noviembre de 2006 |
Contralor, Oficina del; enmienda Art. 9
Ley Núm. 242 de 10 de noviembre de 2006
(P. de la C. 2393)
Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, que crea la Oficina del Contralor de Puerto Rico, para disponer que todo empleado o funcionario público citado por el Contralor para presentar prueba, o para declarar sobre el asunto bajo investigación, será orientado sobre las disposiciones y alcance de la Ley Núm. 426 de 7 de noviembre de 2000, conocida como “Ley para la protección de los derechos de empleados y funcionarios públicos denunciantes, querellantes o testigos de alegados actos constitutivos de corrupción”; la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida como “Ley de represalias contra empleado por ofrecer testimonio y causa de acción” y la Ley Núm. 14 de 11 de abril de 2001, conocida como “Ley de Protección y Compensación a personas que denuncien actos de corrupción contra fondos y propiedad pública”.
Nuestro ordenamiento jurídico contempla varios estatutos que protegen los derechos de las personas que denuncian conductas ilegales, a saber, la Ley Núm. 426 de 7 de noviembre de 2000, conocida como “Ley para la protección de los derechos de empleados y funcionarios públicos denunciantes, querellantes o testigos de alegados actos constitutivos de corrupción”, la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida como “Ley de represalias contra empleado por ofrecer testimonio y causa de acción” y la Ley Núm. 14 de 11 de abril de 2001, conocida como “ Ley de Protección y Compensación a personas que denuncien actos de corrupción contra fondos y propiedad pública”.
Al igual que la Ley Núm. 426, supra, la Ley Núm. 14, supra, también establece penalidades civiles y criminales. La acción civil deberá iniciarse dentro del período de tres (3) años a partir de la fecha en que se causó el daño o desde que la persona afectada tome conocimiento de la violación y de la persona que cometió dicha violación. El remedio ha concederse ante la comisión de una violación a esta Ley es el de compensación de daños reales sufridos, angustias mentales, destitución en el empleo, salario, beneficios dejados de devengar y honorarios de abogados. Una diferencia que existe entre la Ley Núm. 426, supra, y la Ley Núm. 14, supra, es quiénes están sujetos a su jurisdicción. La Ley...
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