Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 20 de Octubre de 1982 - 113 D.P.R. 113
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 113 D.P.R. 113 |
| Fecha de Resolución | 20 de Octubre de 1982 |
113 D.P.R.
113 (1982) IN RE MARRERO TORRES
In re HON. LUIS G.
MARRERO TORRES, JUEZ DE DISTRITO
Núm. O-79-246
113 D.P.R. 113
10 de junio de 1982
FORMULACIÓN DE CARGOS por el Procurador General al Juez Luis G. Marrero Torres por conducta impropia en el desempeño de la función judicial. Se destituye al juez querellado del cargo de juez de distrito.
JUECES--DERECHOS, FACULTADES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES--CANONES DE ÉTICA JUDICIAL--CONDUCTA ILEGAL E IMPROPIA--Examinados los hechos del presente procedimiento sobre la conducta ética de un juez de Distrito--el juez querellado se presentó a un cuartel de policía, amenazó con castigar por desacato a un policía que detuvo a un ciudadano bajo sospecha de manejar un automóvil en estado de embriaguez, si el policía no permitía que el juez se llevara al ciudadano del cuartel, como en efecto lo hizo, evitando así que éste fuese sometido a la prueba del alcoholímetro--el Tribunal resuelve que la conducta del juez fue ilegal, altamente impropia, constituye una infracción a los Cánones I y XXI de los Cánones de Ética Judicial y amerita su destitución como juez.
Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
Libertad Díaz Ortiz, Rodolfo Cruz Contreras, R. Elfrén Bernier, José A. Cangiano, y Heriberto Febus Bernardini, abogados del querellado.
Previo los trámites correspondientes, el Procurador General presentó una querella en la que imputaba al juez querellado el siguiente cargo:
El día 20 de agosto de 1978 el Juez de Distrito Luis G. Marrero Torres incurrió en conducta ilegal, impropia y altamente reprensible, obstruyendo la justicia al llevarse consigo a un detenido de nombre Carlos Silva Rodríguez evitando que lo sometieran a la prueba del alcoholímetro en el Cuartel de la Policía del Municipio de Juana Díaz luego de que el patrullero Luis A. Morales detuviera a éste en la Autopista Las Américas bajo sospecha de que estaba guiando en estado de embriaguez.
En esa misma fecha, en el Cuartel de la Policía del Municipio de Juana Díaz, indebidamente el Juez de Distrito Luis G. Marrero Torres ejerció presión sobre el policía Luis A. Morales amenazándole de [sic] que le impondría un desacato si no se le complacía en su solicitud de que se le diera una oportunidad al detenido Carlos Silva Rodríguez, e impropiamente [P114] el citado Juez influenció y presionó al teniente de la policía Luis A. De Jesús Santos para que éste, en consideración al hecho de que el querellado es Juez, en aquel momento se le complaciera en dicha petición. Allí en el cuartel, frente a varios policías, reiteradamente el Juez querellado insistió en lo anterior alegando su condición de magistrado para la exigencia y concesión de su solicitud.
En consecuencia, el Procurador General lo acusó de haber violado los Cánones I, XXI, XXIII y XXVI de los de Ética Judicial. Nos sometió la querella para que este Tribunal determinase la acción que proceda. Así haremos. Art. V, Sec. 11 de la Constitución; Sec. 24 de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 232; Informe de la Comisión de la Rama Judicial en la Convención Constituyente, Diario de Sesiones de la Convención Constituyente,
Ed. Equity, 1961; T. 4 L.P.R.A., pág. 2614.
El Canon I, en lo pertinente, dispone lo siguiente:
En el ejercicio de su delicada función, aquellos llamados a impartir justicia, conscientes de la posición que ocupan en la sociedad y de la trascendencia de su misión, deben velar por que sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la judicatura.
El Canon XXI dispone que:
...El Juez debe evitar particularmente dar base para la sospecha razonable de que pueda estar utilizando las prerrogativas o influencias de su cargo para su beneficio personal o de otras personas.
El Canon XXIII, en lo pertinente, dispone que:
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