Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 27 de Octubre de 2008 - 174 DPR 956
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-2007-976 |
| DTS | 2008 DTS 175 |
| TSPR | 2008 TSPR 175 |
| DPR | 174 DPR 956 |
| Fecha de Resolución | 27 de Octubre de 2008 |
Víctor Manuel Díaz Morales
y Otros
Departamento de Justicia
y Otros
Certiorari
2008 TSPR 175
174 DPR 956, (2008)
174 D.P.R. 956 (2008), Díaz Morales v. Depto.
de Justicia, 174:956
2008 JTS 194 (2008)
2008 DTS 175 (2008)
Número del Caso: CC-2007-976
Fecha: 27 de octubre de 2008
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de San Juan
Jueza Ponente: Hon. Dolores Rodríguez de Oronoz
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Francisco Rádinson Pérez
Oficina del Procurador General: Lcda.
María Astrid Hernández Martín
Procuradora General Auxiliar
Impugnación de Confiscación. El cumplimiento satisfactorio del menor con el programa de desvío impedía vincular el vehículo confiscado a la comisión de un acto delictivo. La naturaleza misma de los procedimientos de menores, como el contrato de desvío suscrito por el menor, sus padres y el Procurador de Menores, disponen claramente que de éstos no se podrá derivar una conclusión de que el menor ha sido "convicto" por la comisión de un acto criminal. La propia Ley de Menores prohíbe el uso de la evidencia utilizada en el procesamiento de la falta imputada, en otros procedimientos judiciales de tipo civil o criminal. No procede la confiscación.
San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2008.
Mediante el presente recurso, debemos resolver si el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que desestimó una demanda dirigida a impugnar la confiscación de un vehículo de motor. Por entender que dicho resultado no es compatible con los programas de desvío contemplados por la Ley de Menores, ni con lo resuelto recientemente en Ford Motor Credit, Jiménez Otero v. ELA, 2008 TSPR 137, res. 11 de agosto de 2008, revocamos la sentencia recurrida.
Durante un patrullaje preventivo, agentes del Negociado de Drogas, Narcóticos y Control del Vicio de la Policía de Puerto Rico, detuvieron a Víctor Manuel Díaz Maldonado (entonces menor de edad) mientras éste conducía un automóvil marca Toyota por la Carretera 21 del área de Río Piedras. A raíz de dicha intervención, se le ocupó marihuana a un adulto que en ese momento acompañaba a Díaz Maldonado como pasajero y, a base de ello, se presentó una querella en contra del menor por una falta al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, el cual prohíbe la posesión de drogas en los casos en que no esté presente la intención de distribuir o traficar con éstas.24 L.P.R.A. sec. 2404.1
En cuanto a dicha querella, surge del expediente ante nuestra consideración que el menor Díaz Maldonado fue procesado únicamente bajo el Art. 404 antes citado. No hay indicio alguno que apunte a una vinculación suya con el trasiego de drogas ilegales o con su manufactura, pues no se le procesó bajo los artículos que penalizan la distribución, producción o transportación de sustancias controladas. E.g., 24 L.P.R.A. secs.
2401, 2402, 2403.
Por su parte, el Departamento de Justicia le notificó a las partes concernidas que había procedido a confiscar el automóvil antes mencionado y que el mismo tasó $16,000. Tras recibir esta notificación, el señor Víctor Manuel Díaz Morales y la señora Aminta Maldonado Rodríguez, por sí y en representación de su hijo menor Víctor Manuel, así como Star Ready Mix, Inc. y Popular Leasing & Rental, Inc., presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, una demanda en contra del Departamento de Justicia y del Superintendente de la Policía de Puerto Rico para impugnar la referida confiscación.2 Esencialmente, en dicha acción alegaron que la incautación del automóvil era ilegal.
Mientras tanto, con relación a los hechos imputados en contra del menor Díaz Maldonado, tanto éste como sus padres suscribieron un Contrato de Desvío con el Procurador de Menores. En dicho convenio las partes se comprometieron a que el menor ingresaría a un programa de tratamiento y rehabilitación dirigido a atender los diversos factores relacionados a su conducta, así como aquellas necesidades de índole social y psicológica que se...
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