Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 26 de Julio de 2019 - 202 DPR ___
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-2018-91 |
| DTS | 2019 DTS 133 |
| TSPR | 2019 TSPR 133 |
| DPR | 202 DPR ___ |
| Fecha de Resolución | 26 de Julio de 2019 |
Bacardí
Corporation
Certiorari
2019 TSPR 133
202 DPR ___, (2019)
202 D.P.R. ___, (2019)
2019 DTS 133, (2019)
Número del Caso: CC-2018-91
Fecha: 26 de julio de 2019
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Bayamón y Aibonito, Panel V
Abogados de la parte peticionaria: Lcdo. Pedro Manzano Yates
Lcda. Eda L. Ortiz Bey
Abogada de la parte recurrida: Lcda.
Valery López Torres
Derecho Laboral- Procedimiento sumario-
La prohibición contra reconvenciones dentro del proceso sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 no prohíbe que un patrono reclame derechos contra el empleado querellante por vía de un pleito independiente.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de julio de 2019.
El análisis de este caso se limita a si la prohibición contra reconvenciones en la sección 3 de la Ley Núm. 2, infra, sobre pleitos sumarios laborales, también prohíbe que el patrono pueda reclamar derechos contra el empleado querellante por vía de un pleito independiente. Concluimos que no.
En marzo de 2015, Bacardí Corporation reorganizó su empresa y eliminó varias plazas. La plaza que ocupaba el Sr. Evaristo Torres Arroyo, quien trabajaba allí desde hacía catorce años, fue una de las eliminadas, y el señor Torres Arroyo fue cesanteado el 31 de marzo de 2015.
Pocos días antes, el 23 de marzo de 2015, el señor Torres Arroyo suscribió con Bacardí un acuerdo de terminación y relevo de reclamaciones.
Mediante este, reconoció que su despido fue por justa causa y que no fue víctima de discrimen por parte de Bacardí; aceptó que no tenía reclamaciones contra Bacardí a raíz del empleo o su terminación, y que de tenerlas renunciaba a ellas, y se comprometió a indemnizar a Bacardí por las costas, gastos y honorarios de abogado en caso de presentar una reclamación contra Bacardí.
Bacardí, en cambio, se comprometió a pagar $27,229 al señor Torres Arroyo. Al vencer el periodo de revocación del acuerdo y relevo, depositó la cantidad acordada en la cuenta de banco del señor Torres Arroyo.
Al año siguiente, el 9 de marzo de 2016, el señor Torres Arroyo presentó una querella contra Bacardí en el Tribunal de Primera Instancia, alegando despido injustificado y discrimen por edad. Según él solicitó, la querella se tramitó a través del procedimiento sumario de reclamaciones laborales bajo la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 LPRA sec. 3118 et seq). En su contestación a la querella, Bacardí incluyó como primera defensa afirmativa la existencia del acuerdo y relevo firmado por el señor Torres Arroyo, mediante el que este renunció a cualquier posible causa de acción contra Bacardí relacionada a su despido.
Por otro lado, Bacardí presentó una demanda el 9 de mayo de 2016 por incumplimiento contractual contra el señor Torres Arroyo. Alegó que este violó el acuerdo y relevo y que estaba obligado a devolver el pago recibido por motivo del acuerdo. Además, solicitó el resarcimiento de los gastos, costas y honorarios de abogado en los que pudiera incurrir Bacardí al defenderse en el caso sumario laboral.
El señor Torres Arroyo solicitó la desestimación del caso instado por Bacardí, por entender que el tribunal carecía de jurisdicción porque Bacardí no tenía legitimación activa. Argumentó que Bacardí pretendía usurparle la jurisdicción a la sala que estaba atendiendo el proceso sumario laboral; que la causa de acción que pretendía reclamar estaba expresamente prohibida por las leyes laborales; que estaba demandando ilegal y maliciosamente al empleado, y que el acuerdo y relevo era nulo.
El Tribunal de Primera Instancia declaró la moción no ha lugar el 15 de agosto de 2016. Resolvió que la prohibición de reconvenir en el trámite sumario no era un impedimento para que Bacardí presentara una demanda independiente contra el señor Torres Arroyo. El tribunal razonó que esa prohibición pretende proteger el carácter sumario del proceso, impidiendo reclamaciones del patrono contra el empleado dentro de ese trámite, aunque surjan de los mismos hechos, pero que nada en la ley ni la jurisprudencia apunta a que el legislador haya querido inmunizar al obrero contra posibles reclamos del patrono en un procedimiento independiente. Entendió que, precisamente porque el trámite sumario prohíbe la reconvención, lo que el patrono tiene a su haber para levantar reclamos contra el obrero es la acción independiente. Además...
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