Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 32 D.P.R. 891
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 32 D.P.R. 891 |
v.
Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Mayagüez
negándose a inscribir una orden de cancelación de hipoteca de una corte municipal.
No. 587
Resuelto en marzo 19, 1924.
Los hechos están expresados en la opinión.
Abogado del recurrente: Sr. J.
Sabater.
El registrador recurrido compareció por escrito.
El Juez Presidente Sr. del Toro, emitió la opinión del tribunal.
La cuestión fundamental envuelta en este recurso es la de si una corte
municipal tiene jurisdicción para ordenar la cancelación de una hipoteca.
Sobre cierta finca rústica del término municipal de Mayagüez se constituyó
una hipoteca para garantir la suma de $244. Se inició un pleito solicitando
la cancelación del gravamen. La demanda se interpuso en la corte municipal.
Esta dictó sentencia decretando la cancelación y ordenando que se expidiera
mandamiento dirigido al registrador para que la verificara. Así lo hizo el
secretario y el registrador se negó entre otros motivos porque la corte
municipal había actuado sin jurisdicción por razón de la materia. No
conforme la parte interesada interpuso el presente recurso gubernativo.
Si se atiende únicamente a la cuantía envuelta en el litigio, sería
necesario decidir la cuestión a favor del recurrente, pues dicha cuantía es
menor de quinientos dólares. Pero si se toma en consideración la materia
objeto del pleito, la nota recurrida se sostiene.
Las cortes municipales lo son de jurisdicción limitada. No son cortes de
récord. La jurisdicción general para conocer de los asuntos civiles en
primera instancia, salvo las excepciones fijadas por la ley, corresponde a
los tribunales de distrito.
Desde 1911 esta Corte Suprema resolvió en el caso de Bayron et al., v.
García et al., 17 D.P.R. 538, que era la corte de distrito la que tenía
jurisdicción para conocer de la nulidad de un procedimiento hipotecario no
obstante tratarse de la ejecución de una hipoteca cuya cuantía era menor de
quinientos dólares.
Ahondando más en el estudio de la legislación antigua y la vigente, esta
misma corte, en el caso de Valdivieso v.
Rivera, 19 D. P. R. 702, decidió
que la cuantía de quinientos dólares fijada por la ley de marzo 10, 1904,
que reorganizó el sistema judicial de la Isla, determina la jurisdicción de
las cortes...
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