Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 36 D.P.R. 265
Emisor | Tribunal Supremo |
DPR | 36 D.P.R. 265 |
No.: 2783, -Visto: Diciembre 2, 1926, Resuelto: Febrero 18, 1927.
Sentencia de M. Rodríguez Serra, J. (San Juan, Segundo Distrito), condenando
al acusado por delito de Portar Armas Prohibidas. Confirmada.
Hartzell, Kelley & Hartzell y Rafael O.
Fernández, abogados del apelante;
José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
El Juez Asociado Señor Franco Soto, emitió la opinión del tribunal.
El apelante fué sentenciado a cumplir un mes de cárcel por portar una
pistola en contravención a la Ley No. 14 prohibiendo la portación de armas,
aprobada en junio 25, 1924.
Señala como primer error el apelante haber denegado la corte inferior la
moción en que solicitaba el sobreseimiento por haber transcurrido más de 120
días sin celebrársele el juicio y sin que él en ningún momento solicitase la
suspensión.
El fiscal de distrito se opuso a la moción alegando que el juicio se había
señalado para abril 7, 1925, y por no comparecer el acusado la corte pospuso
la vista para abril 14, 1925, y que entonces por no comparecer tampoco el
acusado se expidió contra él una orden de arresto.
La corte sostuvo al fiscal y denegó la moción, diciendo en su resolución que
"el acusado había sido citado en dos ocasiones, no habiendo sido encontrado
y habiéndose expedido una orden de arresto."
Sostuvo el apelante en su moción que él nunca había sido citado de los
señalamientos indicados; que en el récord constaba la dirección del acusado;
que era un empleado de la New York & Porto Rico Steamship Co., un capataz
conocido y que le hubieran podido encontrar preguntando en el sitio donde le
fué ocupada el arma.
A pesar de estas alegaciones que implícitamente indican que el acusado
estaba bajo fianza, el apelante no demuestra, señalando precepto alguno
legal ni haciendo mención de autoridades, que el acusado debía ser citado
para los dos señalamientos que se hicieron para el juicio. En los casos que
se siguen ante las cortes municipales existe la disposición del artículo 24,
según quedó enmendado en marzo 12, 1903.
En él se prescribe la obligación
de citar al acusado para el juicio, pero nada hemos encontrado en relación
con las acusaciones presentadas ante las cortes de distrito. Parece, por
consiguiente, que el acusado estaba obligado a enterarse del señalamiento, y
en tales condiciones no...
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