Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 36 D.P.R. 702

EmisorTribunal Supremo
DPR36 D.P.R. 702

36 D.P.R. 702 (1927) ASAMBLEA MUNICIPAL V. CORTE DE DISTRITO

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asamblea Municipal de Santa Isabel, peticionaria,

v.

La Corte de Distrito de Guayama,

Hon.

Rafael López Antongiorgi, Juez, demandado.

No.: 571, -Visto: Mayo 2, 1927, Resuelto: Mayo 5, 1927.

Certiorari para revisar actuaciones de Rafael López Antongiorgi, J.

(Guayama), en procedimiento de mandamus, y especialmente órdenes con ocasión

al incidente de desacato que culminó en condena por dicho delito a los

miembros de la asamblea municipal. Anulada la sentencia.

Leopoldo Tormes, abogado de la peticionaria; Tomás Bernardini de la Huerta,

abogado del demandante en el pleito principal.

El Juez Presidente Señor del Toro, emitió la opinión del tribunal.

Emiliano Cruz inició en la Corte de Distrito de Guayama un procedimiento de

mandamus dirigido contra la Asamblea Municipal de Santa Isabel.

Alegó Cruz en su petición, en resumen, que habiendo quedado vacante un

puesto de asambleísta en la Asamblea Municipal de Santa Isabel, fué

propuesto para cubrirlo por el comité del partido a que pertenecía la

vacante y dicha asamblea "se negó a tomar dicha propuesta en consideración y

a resolver sobre la aceptación o no del candidato", motivo por el cual

solicitaba de la corte que librara el auto a la asamblea ordenándole que

inmediatamente procediera a considerar la propuesta del peticionario y a

decidir por el voto de sus miembros la aceptación o no de dicho candidato.

El auto fué en efecto expedido y durante el curso del procedimiento ocurrió

el incidente que dió origen a que la asamblea se convirtiera a su vez en

peticionaria iniciando este procedimiento de certiorari ante esta Corte

Suprema, a saber: después de recibido el auto de mandamus, la asamblea

nombró una persona distinta del peticionario para cubrir la vacante, la

corte de distrito creyó que se había cometido un desacato y finalmente,

después de oir a los miembros que componen la asamblea, los condenó a sufrir

cinco días de cárcel cada uno.

A nuestro juicio la cuestión envuelta se resuelve por los principios

establecidos en la decisión de esta corte en el caso de Torres v. Asamblea

Municipal, 36 D.P.R. 331. En dicha decisión se estudia la anterior de

Torres v. Guánica, 33 D.P.R. 349, y el efecto de la enmienda introducida en

1925 a la sección 22 de la Ley Municipal, así:

"¿En qué consistió dicha enmienda? En adicionar a la Ley lo que sigue:

`Cuando el organismo director local...

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