Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 43 D.P.R. 321
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 43 D.P.R. 321 |
No.: 4723,
Sometido: Marzo 29, 1932,
Resuelto: Abril 8, 1932.
Sentencia de T. Torres Pérez, Juez Sustituto (Aguadilla), condenando al acusado por delito de infracción a la Ley de Automóviles. Confirmada.
José
Veray, Jr., abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
El Juez Presidente Señor del Toro, emitió la opinión del tribunal.
El policía insular José Rivera denunció a Ramón Quiñones porque "en
Aguadilla, P. R., ... allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente
violó las disposiciones del artículo 1 de la ley que regula el uso de
vehículos de motor por los caminos públicos de Puerto Rico, consistente en
que por dicho camino público, guiaba el automóvil Chrysler No. P-1102,
propiedad de Tomás Pellot, el cual es Un Automóvil de Servicio Público,
poseyendo solamente una placa y licencia de Conductor No. 37502, sabiendo
que para guiar tales vehículos de servicio público, necesariamente tiene que
poseer una placa o licencia de chauffeur."
La Corte de Distrito de Aguadilla, en apelación, declaró culpable al acusado
y le impuso una multa de un dólar. No conforme Quiñones, recurrió para ante
este Tribunal Supremo.
En su alegato sostiene que los hechos que se le imputan en la denuncia no
constituyen delito público y que la corte erró al apreciar la prueba.
Conocemos la denuncia. La prueba de cargo consistió en la declaración del
policía denunciante. En resumen dijo que en la noche del nueve de agosto el
acusado Quiñones guiaba un automóvil que tenía tablilla de servicio público
alrededor de la plaza de Aguadilla. A su lado iban sentadas dos personas.
Nadie ocupaba el asiento de detrás. Que no puede asegurar que Quiñones
cobrara a esas dos personas. Que Quiñones tenía placa de conductor, pero no
de chauffeur. Que formuló otra denuncia contra Quiñones por conducir dos
pasajeros, de la cual denuncia Quiñones salió bien.
La prueba de descargo
consistió en las declaraciones de José Beléndez y en la del acusado. En
resumen dijeron que ellos y Miguel Acevedo, todos empleados de un banco,
acostumbraban alquilar carros para pasear los domingos y que así lo hicieron
en la noche del 9 de agosto en que guiaba Quiñones y fué denunciado por el
policía.
El hecho último es, pues, el siguiente: un automóvil de servicio público
alquilado para uso particular de tres personas y guiado por las calles de
una ciudad por una de ellas que tenía licencia de conductor.
¿Constituye ese hecho una infracción a la Ley de Autoviles y puede por tanto
perseguirse y castigarse como un delito público?
Examinemos la ley en vigor
para contestar...
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