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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 22 de Abril de 1941 - 58 D.P.R. 515

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Vincent
EmisorTribunal Supremo
DPR58 D.P.R. 515
Fecha de Resolución22 de Abril de 1941

58 D.P.R. 515 (1941) TORRES V. CORTE DE DISTRITO TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

MANUEL DE TORRES, peticionario,
v.
CORTE DE DISTRITO DE SAN JUAN, demandada HON. J. L. CÓRDOVA DÍAZ, JUEZ. Núm. 1226 58 D.P.R. 515 (1941) 22 de abril de 1941 CERTIORARI para anular ORDEN para mostrar causa, SENTENCIA de J. L. Córdova Díaz, J. (San Juan), en procedimientos de desacato. Anulado el auto expedido y devuelto el caso. DESACATO -- AUTORIDAD PARA CASTIGARLOS Y PROCEDIMIENTOS -- DE LA QUERELLA O DENUNCIA. -- En procedimientos de desacato, no es necesario formular denuncia o acusación. Basta la orden para mostrar causa. (Sánchez v. Romany, Juez, 53: 596, ratificado.) ID. -- ID. -- NOTIFICACIÓN O CITACIÓN Y COMPARECENCIA -- COMPARECENCIA DE FISCALES EN LOS PROCEDIMIENTOS. -- El hecho de que se instruya a un fiscal de distrito para que comparezca en un caso de desacato y lo haga, no anula el procedimiento. ID. -- ID. -- SENTENCIA O RESOLUCIÓN -- SU VALIDEZ. -- Una sentencia en un procedimiento de desacato no es nula porque no consigue la fecha y lugar de la comisión del desacato. Es en el mandamiento que la ley vigente sobre la materia--leyes de 1906, pág. 32, Comp. 5560-64, Código Penal, ed. 1937, pág. 87--que exige que se consignen. ID. -- ID. -- ID. -- ID. -- El que la sentencia declare culpable al acusado de haber escrito la carta injuriosa y amenazadora constitutiva del desacato como dirigida a una persona distinta de la indicada en la orden para mostrar causa, no produce su nulidad, de aparecer que copia dirigida a la primera se remitió al juez que dictó la orden, conteniendo dicha copia nota al pie indicativa de haberse remitido otra a la segunda. ID. -- ACTOS O CONDUCTA CONSTITUTIVOS DE DESACATO AL TRIBUNAL -- PUBLICACIONES EN RELACIÓN CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y SUS FUNCIONARIOS -- EN GENERAL. -- El remitir al juez encargado de la tramitación de un litigio Una comunicación injuriosa y amenazadora con el evidente propósito de influir en la resolución del mismo, constituye un desacato al tribunal. ID. -- AUTORIDAD PARA CASTIGARLOS Y PROCEDIMIENTOS -- DEL PODER O AUTORIDAD PARA CASTIGAR -- NATURALEZA DEL MISMO. -- Independientemente de cualquier concesión estatutaria especial o expresa, los tribunales tienen poder inherente para castigar los desacatos contra ellos cometidos. ID. -- ACTOS O CONDUCTA CONSTITUTIVOS DE DESACATO AL TRIBUNAL -- DEFENSAS -- EN GENERAL -- COMUNICACIONES PRIVILEGIADAS. -- En tanto en cuanto una comunicación contentiva de imputaciones difamatorias se transmite por medio de copias a otras personas distintas del oficial público a quien va dirigida, la comunicación no tiene el carácter de privilegiada. DESACATO -- AUTORIDAD PARA CASTIGARLOS Y PROCEDIMIENTOS -- REVISIÓN POR Certiorari -- CUESTIONES A CONSIDERAR Y RESOLVER. -- En certiorari para anular la orden para mostrar causa y la sentencia dictada en un procedimiento de desacato, la sola cuestión a investigar es si la corte inferior actuó o no con jurisdicción o si siguió o no el debido procedimiento de ley. La apreciación de la prueba corresponde al juez sentenciador. Manuel de Torres, por su propio derecho; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gomez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo. EL JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO emitió la opinión del tribunal. [P516] El presente es un recurso de certiorari por virtud del cual Manuel de Torres pide a esta Corte Suprema que anule una orden para mostrar causa dictada en cierto procedimiento de desacato que contra el se siguiera y la sentencia pronunciada en el mismo. El auto fue expedido, reclamándose el expediente sobre desacato tramitado en la Corte de Distrito de San Juan. Comienza por la orden para mostrar causa dictada en diciembre 17, 1940, que dice: "POR CUANTO: El Juez de Distrito que suscribe y en uno de los días del mes de diciembre del corriente año 1940 recibió la copia de una carta dirigida al Dr. RupertEmerson por el querellado Manuel de Torres, en la cual se hacen, entre otras, las siguientes manifesta ciones: "'. . . . and that both the San Juan District Prosecutor and the Attorney General of Puerto Rico, Hon. George Arthur Malcolm ate in fact conspiring with Gonzalo Aponte, Judge Marcelino Romany and others to defraud the writer of his capital, and his properties. . . . . "'Until now and for the past two years I have been peacefully trying to recover my confiscated properties through peaceful, law abiding legal action in the San Juan District Court. The District Court of San Juan, however, through the medium of its Judges Roberro Todd, Jr. and Marcelino Romany, has been criminally cooperating with, aiding, assisting and protecting the confiscators of my properties to illegally retain them; and in this they have been supported [P517] by the San Juan District Prosecutor and the Attorney General of Puerto Rico to both of whom I have previously appealed and both of whom have denied me the right to prosecute the confiscators of my properties on criminal charges allegedly on the grounds that no prosecution can be started until the civil suit is disposed of by the district court; whose Judge Romany in turn has made up his mind that he will not render his decision until it is too late to start any criminal action against bis protegees. "'Corrupt Judge Marcelino Romany, before whom trial of action 31058 was held on October 18th and 19th, 1939, more than thirteen months ago, is benevolently and criminally cooperating with the San Juan District Prosecutor and Attorney General Malcolm to prevent the prosecution of Juan Ramón de Torres and Juana Vanderlinden, confiscators of my funds and my properties, and embezzlers of the funds of the estate of Ramón A. Torres, by delaying decision in case 31058 until the statutory three years provided by the statute of limitations shall have outlawed any criminal action against them. . . . . "'Case 31058 still "'pending decision by the court" more than five months after the referee rendered his report and apparently relegated to eternity by corrupt Judge Marcelino Romany. "'And while Romany keeps the case sleeping under lock and key in his private office to insure the freedom of his protegee Juan Ramón de Torres, and to make sure that no one stops him from continuing appropiating other people's money, the San Juan District Prosecutor as well as the Attorney General of Puerto Rico are cooperating with Judge Romany to insure the freedom of Juan Ramón de Torres by refusing to prosecute referee Aponte for falsifying and forging his report to the Court. "'All the foregoing has been written to show Attorney General Malcolm that until now I have only been moving...

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