Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Mayo de 2011, número de resolución KLCE201100563
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE201100563 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 31 de Mayo de 2011 |
LEXTA20110531-49 Montes De Oca v.
Corporación de Desarrollo Ciudad Real
| | | CERTIORARI Procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón Caso Núm.: DPE 1996-0045 DPE 1996-0112 DPE 1997-0878 DPE 2000-0374 DPE 2000-0375 DPE 2003-0281 DPE 2008-1078 SOBRE: Interdicto, daños y perjuicios |
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, la Jueza Varona Méndez y la Juez Gómez Córdova.
Gómez Córdova, Juez Ponente.
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2011.
Compareció el Sr. José Meléndez Santana (peticionario) mediante recurso de certiorari en el que solicitó la revisión de dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (Instancia), relativos a la denegatoria de cierta concesión de costas y de honorarios de abogado. Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega expedir el recurso.
La recurrida, Ciudad Real S.E., Inc. (recurrida o Ciudad Real) trajo al peticionario como tercero demandado a un pleito relacionado con el diseño de un sistema de retención de aguas pluviales de una urbanización construida por la recurrida. Luego de numerosos trámites procesales, Ciudad Real y el peticionario llegaron a un acuerdo mediante el cual la recurrida desistía de su acción contra el peticionario. Dicho acuerdo fue posteriormente sometido ante Instancia, pero no fue aceptado1.
Inconforme con esta determinación, el peticionario solicitó su revisión mediante el recurso KLCE2009-12202. Al resolver dicho recurso mediante sentencia emitida el 4 de septiembre de 2009, este Tribunal revocó la determinación de Instancia y ordenó el desistimiento sin perjuicio de la reclamación contra el peticionario. El caso prosiguió en cuanto al resto de las reclamaciones y, un año más tarde, se dictó sentencia por transacción, que fue notificada el 15 de noviembre de 20103.
Así las cosas, el 29 de noviembre de 2010, el peticionario, quien no formaba parte del pleito desde la sentencia dictada por este Tribunal el 9 de septiembre de 2009, sometió ante Instancia un Memorando de costas y una Solicitud de reembolso de honorarios de abogado y desestimación con perjuicio4.
En su moción, adujo el peticionario que, si bien llegó a un acuerdo de desistimiento con Ciudad Real, no se acordaron las condiciones bajo las cuales se archivaría la acción en su contra, y solicitó que ésta fuera con perjuicio y con imposición de honorarios de abogado y costas.
Mediante Orden notificada el 17 de febrero de 2011, el foro recurrido denegó la solicitud de honorarios de abogado presentada, pero nada dispuso respecto al Memorando de costas5.
Ante ello, el peticionario solicitó la reconsideración
de dicha resolución el 4 de marzo de 20116, y alegó que procedía la imposición de honorarios de abogado por la acción frívola instada en su contra como tercero demandado e indicó que nada se había dispuesto en cuanto a la solicitud de costas ni sobre la solicitud de desestimación con perjuicio. Por dicha razón, el peticionario presentó ese mismo día una Moción Reiterando Solicitud de Costas7.
Posteriormente, Instancia denegó la moción de reconsideración
y también la solicitud de costas presentadas por el peticionario 8.
Por motivo de esta determinación, el peticionario oportunamente presentó ante nosotros un recurso de certiorari el 25 de abril de 2011. Imputó como errores los siguientes:
Erró el TPI al rehusar conceder al tercero demandado su memorando de costas.
Erró el TPI al rehusar conceder al tercero demandado el repago de los honorarios de abogado incurridos por éste en su defensa como parte de las condiciones aún pendientes de ser impuestas por razón del desistimiento voluntario del Ing.
Meléndez, y por razón de la temeridad exhibida por el demandado/tercero demandante Ciudad Real al traer tardíamente al tercero demandado al pleito bajo alegaciones que sabía eran falsas.
Con el beneficio de la postura de ambas partes, procedemos a resolver a la luz del derecho aplicable.
Como tribunal apelativo intermedio, estamos facultados por los Arts. 4.0029 y 4.006 (b)10
de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, para expedir discrecionalmente los recursos de certiorari
presentados. Ello es así por motivo de que el certiorari
es un recurso que expide un tribunal de superior jerarquía a uno inferior para revisar cualquier resolución interlocutoria emitida por el tribunal inferior. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, Op. de 21 de noviembre de 2008, 2008 TSPR 181.
Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía posee discreción para expedir el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en abstracto. Torres Martínez v.
Torres Ghigliotty, supra.
Aun cuando las nuevas Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V (2009), en particular la Regla 52.1, limitó nuestra discreción para expedir autos de certiorari para atender las materias taxativamente enumeradas en la aludida Regla, hemos optado por evaluar y atender el presente caso a la luz de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, pues al tratarse de un asunto post sentencia no contemplado en la Regla 52.1, la parte peticionaria quedaría desprovista de un mecanismo procesal para la revisión del dictamen recurrido.
De conformidad con lo anterior, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera una...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba