Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Mayo de 2017, número de resolución KLAN201700183
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN201700183 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 22 de Mayo de 2017 |
| | | APELACIÓN procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón Caso Civil Núm.: D AC 2015-2045 (506) D AC 2015-20146 (506) Sobre: Impugnación de Confiscación |
Panel integrado por su presidente el Juez Flores García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas.
Cancio Bigas, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2017.
Comparece ante nosotros el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, apelante o ELA), solicitando que revisemos una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, donde declara Con Lugar la impugnación de la confiscación de dos (2) vehículos de motor pertenecientes a los señores Carlos E. Palacios Rivera y Henry Lewis Walters Hernández (en adelante, apelados), respectivamente, toda vez que fueron sentenciados por delitos menos graves, distinto a los delitos por los que habían sido acusados originalmente y dieron pie a la confiscación.
Examinadas las circunstancias que concurren en el presente caso, resolvemos a continuación.
El 9 de septiembre de 2015, la Policía de Puerto Rico, en dos eventos separados, ocupó un vehículo Honda Civic del año 1999, tablilla DON-216 y un vehículo Honda Civic del año 1993, tablilla GSK-842, por alegadas violaciones los Arts. 3.23 y 5.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, según enmendada, 9 LPRA secs. 5073 & 5127.1 Ambos vehículos se encontraban registrados en el Registro de Vehículos de Motor del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), estando el primero a nombre del Sr.
Carlos E. Palacios Rivera y el segundo a nombre del señor Henry Lewis Walters Hernández.
Contra el Sr. Carlos E. Palacios Rivera y el Sr. Henry Lewis Walters Hernández (en adelante, los apelados) se presentaron cargos criminales por infracción a los delitos antes reseñados. También le fueron confiscados los vehículos antes descritos, al amparo de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq. y lo dispuesto en el Art. 5.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, sec. 5127. El precio de tasación para cada vehículo fue de quinientos dólares ($500.00).
Dentro de los procesos criminales, los acusados llegaron a un preacuerdo con el Ministerio Público mediante el cual se declararon culpables de infringir el Art. 5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, sec. 5128, siendo sentenciados al pago de una multa de quinientos dólares ($500.00) cada uno.2
El 2 de octubre de 2015 los apelados presentaron demandas impugnando la confiscación de los vehículos antes mencionados. El ELA contestó las mismas oportunamente.
Luego de varias incidencias procesales, ambos casos fueron consolidados. Posteriormente, el 20 de julio de 2016, los apelados presentaron una Moción Solicitando Sentencia Sumaria donde, en síntesis, alegaron que el ELA carecía de autoridad para confiscar los vehículos en controversia, toda vez que al reclasificar las infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito del Art. 5.06 al 5.07, perdió la autoridad para confiscar los mismos. La parte apelante se opuso el día 2 de agosto de 2016, alegando que conforme a la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, no era defensa el impedimento colateral por sentencia, por lo que procedía la celebración de un Juicio en su Fondo para que los apelados pudiesen derrotar la presunción de corrección y legalidad del cual goza la confiscación.
El 26 de agosto de 2016, notificada el 29 de agosto de 2016, el Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la moción de sentencia sumaria presentada por los apelados. En esta expuso que el propio ELA renunció a su autoridad para confiscar los vehículos de motor al reclasificar su imputación original de que los apelados estaban regateando, bajo el Art.
5.06, por una imputación de que conducían de modo negligente, bajo el Art.
5.07. Añadió que en el presente caso no estábamos frente a una defensa de impedimento colateral por sentencia, pues los apelados habían sido acusados, el pleito no se había desestimado ni los apelados fueron absueltos. Sin embargo, había sido el propio ELA quien aceptó, al reclasificar el delito por el cual acusó a los apelados, que la infracción era por conducir negligentemente y no regateando, como alegaron inicialmente.
El 13 de septiembre de 2016, los apelantes presentaron una moción de reconsideración reiterando que el procedimiento incoado en virtud de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, era independiente a cualquier otra acción o procedimiento criminal o administrativo. Además argumentó que la confiscación al amparo de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, gozaba de una presunción de legalidad y corrección, la cual debía ser rebatida por los apelados. El 6 de diciembre de 2016, notificada el 12 de diciembre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia declaró la moción de reconsideración No Ha Lugar.
Inconformes, los apelantes comparecen ante este Tribunal señalando que el foro de primera instancia cometió el siguiente error:
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, al entender que debido a que los apelados hicieron alegación de culpabilidad de violación al Art. 5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito, que es delito menos grave, no procede la confiscación de los vehículos en controversia.
Acreditada la adecuada notificación al foro de primera instancia y a los apelados, procedemos a resolver.3
Exponemos primero el derecho aplicable.
La doctrina de cosa juzgada postula que un fallo emitido por una autoridad competente se torna irrevocable cuando la misma adviene final y firme. Véase SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 153 (2011) citando a J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012) (Citas omitidas). Ello debido a que nuestro derecho incorpora como principio de derecho sustantivo la norma de que [c]ontra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión. Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343.
De este modo, se busca finalizar los litigios...
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