Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 18 de Octubre de 1977 - 106 D.P.R. 432
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 106 D.P.R. 432 |
| Fecha de Resolución | 18 de Octubre de 1977 |
106 D.P.R. 432 (1977)ZEQUEIRA BLANCO V. PERIODICO EL MUNDO, INC.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
JESUS ZEQUEIRA BLANCO y su esposa NELLIE J. DE ZEQUEIRA, demandantes y recurridos
vs.
PERIODICO EL MUNDO, INC., demandado y peticionario
Núm. O-76-201
106 D.P.R. 432
18 de octubre de 1977
PETICIÓN DE CERTIORARI para revisar una RESOLUCIÓN de Pedro López Oliver, J. (San Juan) declarando sin lugar una Moción de Sentencia Sumaria presentada por el Periódico El Mundo, Inc., para que se desestimara cierta acción de libelo incoada por los recurridos. Revocada, y se desestima la demanda incoada por los recurridos.
APOSTILLA
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LIBELO Y CALUMNIA----ACCIONES----DERECHO DE ACCIÓN Y DEFENSAS---- DERECHO O CAUSA DE ACCIÓN----FIGURA PÚBLICA O FUNCIONARIO PÚBLICO--A los fines de una acción de libelo, es "funcionario público" un Juez de Distrito en relación a hechos acaecidos durante su incumbencia en relación con sus ejecutorias oficiales como tal.
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ID.----ID.----ID.----ID.----ID--No puede prosperar una acción de libelo incoada por un funcionario público--un Juez de Distrito--para recuperar daños por una manifestación difamatoria contra su persona publicada por un periódico, a menos que demuestre la existencia de malicia real por parte del periódico, es decir, que la manifestación fue hecha a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no.
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ID.----ID.----ID.----ID.----PERSONA PRIVADA----NEGLIGENCIA--En una acción de libelo contra un periódico por la publicación de información difamatoria, la norma de responsabilidad fundada en negligencia sólo se aplica cuando dicha acción es ejercitada por una persona privada. ( Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106:415, seguido.)
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ID.----ID.----EVIDENCIA----PRESUNCIONES----MALICIA--Es inoperante la disposición de la Ley de Libelo y Calumnia de 1902 que establece que en una acción de libelo incoada por un funcionario o figura pública se presume la malicia real del que pública la información. Las doctrinas constitucionales vigentes requieren del funcionario o figura pública demandante que alegue y pruebe dicha malicia real del que publicó el alegado informe falso o comentario injustificado relacionado con la conducta oficial del funcionario o de la figura pública. Esto es, en estos casos es indispensable que el demandante demuestre que la manifestación publicada fue hecha a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no.
5 DERECHO CONSTITUCIONAL--DERECHOS PERSONALES...
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