Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 25 de Abril de 1978 - 107 D.P.R. 140
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 107 D.P.R. 140 |
| Fecha de Resolución | 25 de Abril de 1978 |
EL PUEBLO DE PUERTO RICO, demandante y apelado
vs.
DANIEL DIAZ RIOS cp LANGAY, acusado y apelante
Núm. CR-77-84
107 D.P.R. 140
25 de abril de 1978
SENTENCIAS de Luis R. Apellániz, J. (San Juan) condenando al acusado por el delito de Asesinato en Primer Grado e Infracción al Art. 8 de la Ley de Armas. Confirmadas.
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DERECHO PENAL--APELACIÓN, REVISIÓN Y-- Certiorari --REVISIÓN--EXTENSIÓN O ALCANCE DE LA FACULTAD DE REVISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO--EN GENERAL--En todo recurso de apelación la función del Tribunal Supremo se cumple revisando el legajo de la sentencia guiado por los señalamientos de error o planteamientos de derecho del apelante hasta quedar satisfecho de que el acusado tuvo un juicio imparcial y objetivo.
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DERECHO CONSTITUCIONAL--DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LEY--PROCESOS POR DELITOS U OFENSAS--EN GENERAL--JUICIO JUSTO--Aun cuando todo acusado tiene derecho a un juicio justo, ello no significa necesariamente un juicio perfecto.
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DERECHO PENAL--JUICIO--VEREDICTO--EN GENERAL--El Tribunal Supremo intervendrá con el veredicto del jurado o el fallo del juez únicamente cuando esté enervado por error que hiere derechos fundamentales de la persona y que en su proyección y consecuencia estremezca el sentido básico de justicia.
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ID.--JUICIO--FORMA EN QUE SE CONDUCE EL JUICIO EN GENERAL-- DIRECCIÓN DEL JUICIO--JUICIO JUSTO--En esta jurisdicción el procedimiento judicial criminal y, especialmente, el diseño fundamental del "juicio rápido y público" debe servir, en sencilla depuración de la prueba, tanto al derecho del ofensor como al de la sociedad agraviada.
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ASESINATO Y HOMICIDIO--APELACIÓN Y REVISIÓN--REVISIÓN-- CUESTIONES RELATIVAS A LAS PRUEBAS--VEREDICTO Y CONCLUSIONES DEL JURADO--El Tribunal Supremo no intervendrá con la apreciación de la prueba hecha por el jurado cuando, examinada ésta, el Tribunal concluye que la misma es suficiente para establecer la comisión de los delitos imputados.
E. L. Belén Trujillo, abogado del apelante.
Héctor A. Colón Cruz, Procurador General , y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
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