Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 30 de Octubre de 1981 - 111 D.P.R. 625

EmisorTribunal Supremo
DPR111 D.P.R. 625
Fecha de Resolución30 de Octubre de 1981

111 D.P.R. 625 (1981) PUEBLO V. CANCEL HERNÁNDEZ

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

EL PUEBLO DE PUERTO RICO, recurrido

vs.

NESTOR CANCEL HERNÁNDEZ y OTRA, acusados peticionarios

Núm. O-81-424

111 D.P.R. 625

30 de octubre de 1981

PETICIÓN DE CERTIORARI para revisar una RESOLUCIÓN de Jorge Busigó Cifre, J. (Arecibo), que declara sin lugar una moción para el descubrimiento de prueba. Se expide el auto, se revoca la resolución de instancia y se devuelve el caso para la continuación de procedimientos consecuentes con la opinión emitida.

APOSTILLA
  1. REGLAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL--PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES AL JUICIO--DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA--EN GENERAL.

    Un acusado tiene derecho a obtener los nombres y las direcciones de las personas interrogadas por el Ministerio Público cuando, como en este caso, el acusado ha hecho una clara demostración prima facie de la necesidad de esta información para preparar adecuadamente su defensa.

  2. ID.--ID.--ID.

    Si una persona interrogada por un fiscal en la investigación de un caso puede presentar prueba favorable al acusado, el fiscal está en la obligación de suplir su nombre y dirección y la propia prueba exculpatoria aun sin que el acusado se lo solicite.

  3. ID.--ID.--ID.

    Consideradas las circunstancias del presente caso--en que se solicitó el nombre y dirección de testigos entrevistados por el fiscal que presenciaron el allanamiento de la residencia del acusado mientras éste se hallaba ausente del lugar--el Tribunal concluye que debe ponerse a disposición de la Defensa la información solicitada, a menos que el Ministerio Público pueda probarle al juzgador de instancia que el descubrimiento de determinado nombre afectaría la seguridad del Estado o la de terceras personas, que amenazaría la naturaleza privilegiada de la información o que le causaría mayor perjuicio al Estado que beneficio a la Defensa.

    Manuel Martínez Umpierre, abogado de los peticionarios.

    Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar,

    abogados de El Pueblo.

    PER CURIAM

    Tres enmascarados asaltaron un negocio de venta y reparación de motoras, propiedad del acusado. Dieron muerte a la hija del acusado e hirieron a su esposa. Mientras el acusado se encontraba en el hospital tratando de salvar a su hija y atender a su esposa, la Policía entró a la residencia del acusado, sita en los altos del negocio. Un agente alega haber visto allí un tiesto con unas matas...

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