Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 15 de Junio de 1983 - 114 D.P.R. 390
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 114 D.P.R. 390 |
| Fecha de Resolución | 15 de Junio de 1983 |
Núm. O-82-330
114 D.P.R. 390
15 de junio de 1983
QUERELLA sobre conducta profesional instada por el Procurador General por actuaciones impropias del querellado en el ejercicio de la abogacía. Se ordena la separación permanente del querellado Máximo Rivera Carmona del ejercicio de la profesión de abogado y notario.
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ABOGADO Y CLIENTE--DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL ABOGADO PARA CON EL CLIENTE--DEBERES--EN CUANTO A LA CONDUCCIÓN DE LITIGIOS.
La conducta de un abogado al expresar falsamente a sus clientes que el dinero que estaba cobrando era para sobornar a un juez revela tal grado de depravación moral que quebranta la confianza del pueblo en la administración de justicia por constituir un ataque mentiroso, injustificado e ilícito contra un juez y contra la dignidad y el honor de los tribunales.
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ID.--COMPENSACIÓN Y DERECHO DE RETENCION DEL ABOGADO--HONORARIOS U OTRA REMUNERACION--DERECHO A HONORARIOS--GESTION PERJUDICIAL PARA EL REPRESENTADO.
Incurre en grave falta y violación a los cánones 18, 19 y 23 de Ética Profesional el abogado que retiene una suma adelantada por el cliente en concepto de honorarios, sin realizar la gestión a la cual se comprometió.
Eduardo E. Ortiz, abogado del querellado.
Ramón A. Cancio, Comisionado Especial; Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Lourdes del Carmen Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
PER CURIAM El Procurador General formuló querella contra el abogado Máximo Rivera Carmona que, en resumen, le imputaba los siguientes cargos: (1) La Sra. Petra Feliciano y su madre, Sra. Juana Rodríguez, lo contrataron para que atendiera la reconsideración de las sentencias de los casos criminales seguidos contra Pablo Feliciano, y el querellado les solicitó $1,500, de los cuales se le adelantaron $1,200 para sacarlo de la cárcel. El querellado les dijo que ese dinero no era para él, sino para el Juez Marcano y el fiscal, para que aquél declarara con lugar la reconsideración y éste no se opusiera; (2) El Sr. Virgilio Soto contrató los servicios profesionales del querellado para que le tramitara las licencias de tener y poseer y de portación de armas y le limpiara su récord, por lo que le pagó $400, y el querellado no realizó dichas gestiones; (3) El Ministerio Público presentó una acusación contra el...
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