Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 31 de Marzo de 1986 - 117 D.P.R. 134
Emisor | Tribunal Supremo |
DPR | 117 D.P.R. 134 |
Fecha de Resolución | 31 de Marzo de 1986 |
Núms. MC-85-69, 5102, A-85-7
117 D.P.R. 134
31 de marzo de 1986
QUERELLA sobre conducta profesional instada por el Director de Inspección de Notarías por deficiencias en el ejercicio de la notaría. Se separa al querellado del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico permanentemente.
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ABOGADO Y CLIENTE--LA PROFESIÓN DE ABOGADO--ADMISIÓN AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN--FACULTAD DEL TRIBUNAL SUPREMO--El Tribunal Supremo tiene poder inherente para reglamentar la abogacía en Puerto Rico.
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ID.--ID.--PRIVILEGIOS, INCAPACIDADES Y RESPONSABILIDADES-- DEBERES DEL ABOGADO--COLABORACIÓN CON EL TRIBUNAL--La naturaleza pública de que está revestida la profesión de abogado reclama de éste estricta observancia de los requerimientos de los tribunales.
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ID.--ID.--SUSPENSIÓN O SEPARACIÓN--CAUSAS QUE DAN LUGAR A LA SEPARACIÓN--EN GENERAL--Procede la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía de un abogado que incurre en indebida, irrazonable e inexcusable tardanza al contestar una querella presentada por el Procurador General, pues ello indica una falta de respeto hacia los procedimientos del Tribunal Supremo.
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ID.--ID.--ID.--ID.--CONDUCTA REPROBABLE--HACER CASO OMISO A LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO--Procede separar permanentemente del ejercicio de la abogacía a un abogado que además de hacer caso omiso en reiteradas ocasiones de los requerimientos del Tribunal Supremo en el trámite de quejas o querellas en su contra, postula como abogado en un organismo administrativo durante la vigencia de su suspensión temporal del ejercicio de la abogacía y luego no contesta al requerimiento del Tribunal para que muestre causa por la cual no debe ser suspendido indefinidamente de la abogacía.
Govén D. Martínez Surís, Director de Inspección de Notarías, querellante.
[1--3] En In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11, 13 (1986), expresamos:
Como es sabido, este Tribunal tiene poder inherente para reglamentar la profesión de abogacía en Puerto Rico. In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R.
755 (1984). En el pasado hemos resuelto que "la 'naturaleza pública de que está revestida la profesión de abogado reclama de éste estricta observancia de los requerimientos de los tribunales"', In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 , 815 (1984), y que procede la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía de un abogado que incurre en una...
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