Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 11 de Mayo de 1909 - 16 D.P.R. 93
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 16 D.P.R. 93 |
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 1909 |
16 D.P.R. 93 (1910) DEL TORO V. LA CORTE MUNICIPAL EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Del Toro v. La Corte Municipal Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
No. 421.-Resuelto en febrero 15, 1910.
Los hechos están expresados en la opinión.
Abogado del apelante: Sr. José Benet.
La parte apelada no compareció.
El Juez Asociado Sr. MacLeary emitió la opinión del tribunal.
La Corte Municipal de Cabo Rojo impuso una multa al apelante en este caso, Don Carlos del Toro, por el delito de desacato y dicho Sr. del Toro presentó entonces solicitud a la Corte de Distrito de Mayagüez interesando la expedición de un mandamiento de certiorari con el fin de que se elevaran las actuaciones a dicha corte, y revisadas por ésta, se decretara la nulidad de la sentencia. Después de la debida consideración del caso, la corte de distrito, el día 11 de mayo de 1909, declaró que no había razón alguna que justificara la anulación de la sentencia dictada por la Corte Municipal de Cabo Rojo, y ordenó que se devolvieran las actuaciones. Diez días después el acusado interpuso apelación para ante esta corte, presentándose los autos en este tribunal en el mes de junio último.
El alegato no fué presentado en tiempo, pero se acordó que se agregara a los autos a los efectos procedentes y como no ha habido objeción alguna se le ha dado la debida consideración a fin de determinar los fundamentos de la apelación y como complemento del informe oral que se hizo por un distinguido letrado en la vista celebrada ante este tribunal. Sin embargo, la consideración que se ha prestado a este alegato no debe estimarse como precedente que habrá de seguirse en lo futuro.
Las facultades y la jurisdicción de las cortes de distrito para anular en casos propios por virtud de un certiorari las sentencias dictadas por las cortes municipales imponiendo una multa por el delito de desacato, no pueden discutirse, siendo perfectamente claro que contra las sentencias dictadas por las cortes de distrito, en tales casos, procede el recurso de apelación.
No debe olvidarse que el caso fué sometido a la consideración de la corte de distrito en un procedimiento de certiorari y que tal recurso tiene por objeto la revisión de cuestiones de procedimiento o competencia, mas no la de otras cuestiones que pudieran convertir el procedimiento de certiorari en un recurso por causa de error o en una apelación.
Arriba v. Mirandes, 2 Dec. de P. R., 686.
Tampoco puede recurrirse al procedimiento de...
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