Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 18 de Junio de 2002 - 157 DPR 275
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CP-2001-8 |
| DTS | 2002 DTS 122 |
| TSPR | 2002 TSPR 122 |
| DPR | 157 DPR 275 |
| Fecha de Resolución | 18 de Junio de 2002 |
Querella
2002 TSPR 122
157 DPR 275 (2002)
157 D.P.R. 275 (2002)
2002 JTS 123
Número del Caso: CP-2001-8
Fecha: 18/junio/2002
Oficina del Procurador General: Lcda. Minnie H.
Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Querellada: Lcdo.
Víctor P. Miranda Corrada
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el día 18 de septiembre de 2002 fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.)
ADVERTENCIA
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PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2002.
¿Puede un notario autorizar declaraciones de autenticidad o testimonios cuando le consta la falsedad de su contenido?
Por entender que dicha actuación viola el deber de sinceridad y honradez contenido en el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. IX C. 35, contestamos en la negativa.
A tenor con lo ordenado por este Tribunal, el Procurador General sometió un Informe para que decidiéramos si procedía la presentación de una querella en contra del Lcdo. Félix J. Montañez Miranda (en adelante, licenciado Montañez Miranda o el querellado) por violaciones éticas incurridas en la redacción de un affidávit y por la presentación de un escrito falso al Tribunal de Primera Instancia. Después de examinar dicho Informe, ordenamos al Procurador General que formulara la querella correspondiente. Éste así lo hizo.
En síntesis, el Procurador sostuvo que el licenciado Montañez Miranda incurrió en una violación del Canon 35 de los Cánones de Ética Profesional, supra, al no observar su deber de sinceridad y honradez, toda vez que autorizó un affidávit sobre contrato de compraventa de bienes muebles donde se afirmaba que los vendedores eran los únicos dueños en pleno dominio, mientras conocía que la realidad era otra. El Procurador sostuvo que el querellado también incurrió en una violación de dicho canon cuando sometió un escrito al Tribunal de Primera Instancia, el cual no se ajustaba a la realidad de los hechos.
Después de examinar la contestación del abogado a dichos cargos nombramos un Comisionado Especial para oír y recibir la prueba. El Comisionado Especial señaló la celebración de una conferencia con antelación a la vista y le ordenó a las partes que presentaran un informe conjunto haciendo constar la prueba documental a ofrecerse en evidencia y las estipulaciones formuladas por las partes. La vista evidenciaria se celebró el 26 de septiembre de 2001. El único testimonio fue el del querellado y las partes estipularon la prueba documental. El Comisionado Especial, cumpliendo con nuestra encomienda, rindió oportunamente su Informe, en el cual recogió las estipulaciones de las partes y formuló las determinaciones de hechos correspondientes.
Según dicho Informe, el caso de autos se desarrolla en medio de dos acciones civiles que se estaban tramitando paralelamente.
La señora Alicia Torrelló Blanco y su esposo presentaron una acción civil contra su madre, la señora Rose Blanco Torres, para recobrar la posesión del negocio "Restaurant Paraíso del Mar" que tenían arrendado en un local ubicado en Loíza. El señor Eloy Quiñones es el dueño y arrendador de dicho solar. El 12 de junio de 1996, el Tribunal de Primera Instancia por virtud de un acuerdo suscrito por las partes, determinó que la madre y su esposo eran dueños de un sesenta por ciento (60%) del "Restaurant Paraíso del Mar", mientras que su hija y su esposo eran dueños del cuarenta por ciento (40%) restante. Según la sentencia, las partes debían dividirse el producto de la venta del negocio en esa misma proporción. En lo que se vendía el negocio, el tribunal dispuso que las ganancias netas del mismo se dividirían mensualmente en dicha proporción. Se hizo constar, además, que al Sr. Eloy Quiñones se le adeudaban trece mil dólares ($13,000) por concepto de cánones de arrendamiento atrasados. El tribunal ordenó que se pagaría según la proporción señalada. Esta sentencia advino final y firme.
Precisamente, la segunda acción civil consistió en una acción sobre desahucio que presentó el Sr. Eloy Quiñones, propietario del solar donde está ubicado el "Restaurant Paraíso del Mar", contra la madre y su esposo. El querellado en este caso asumió la representación legal de estos el 7 de julio de 1997. Según surge de los documentos estipulados, en la minuta del 24 de octubre de 1997 de dicho caso, la madre y su esposo por conducto del querellado llegaron a un acuerdo con el señor Quiñones donde abandonarían en o antes del 2 de enero de 1998 el local debido a la falta de pago de los cánones de arrendamiento.
Mientras ocurría lo anterior, la representación legal de la hija y su esposo se comunicó el 5 de septiembre de 1997 con el querellado para que estuviese enterado de lo sucedido en el primer caso. Procedió a informarle el contenido de la sentencia y le notificó que el 40% del valor del "Restaurant Paraíso del Mar" le pertenecía a la hija. Ese mismo día le envió copia de la referida sentencia al querellado. El querellado...
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