Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 28 de Junio de 2004 - 162 DPR 345
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-2003-79 |
| TSPR | 2004 TSPR 109 |
| DPR | 162 DPR 345 |
| Fecha de Resolución | 28 de Junio de 2004 |
Hon.
Anabelle Rodríguez,
Certiorari
2004 TSPR 109
162 DPR 345 (2004)
162 D.P.R. 345 (2004)
2004 JTS 104
Número del Caso: CC-2003-79
Fecha: 28 de junio de 2004
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente: Hon. Andrés E. Salas Soler
Oficina del Procurador General: Lcdo. Héctor Clemente Delgado
Procurador General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Luis Cabrera Medina
Ley Uniforme de Confiscaciones, Art. 4, Cuando comienza el término de 15 días para notificar la confiscación y no procede la desestimación por el uso del nombre de la secretaria en sustitución del E.L.A.
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta señora NAVEIRA MERLY
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2004.
En esta ocasión nos corresponde, en primer lugar, determinar aquel evento que debe considerarse como punto de partida para computar el término de quince (15) días que conforme al Art. 4 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988, Ley Núm. 93 de 13 de Julio de 1988, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec.
1723 (b) (en adelante Ley Uniforme de Confiscaciones), tiene disponible el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante E.L.A.) para notificar la confiscación de propiedades utilizadas en la comisión de ciertas actividades ilícitas. También debemos resolver si procede la desestimación de una demanda de impugnación de confiscación por el solo hecho de que el demandante, en el epígrafe, identificó al E.L.A. como Anabelle Rodríguez, Secretaria de Justicia de Puerto Rico; aun cuando de la súplica y todas las alegaciones, leídas en conjunto, surge, con meridiana claridad, que se trata de una demanda de impugnación de confiscación dirigida contra el E.L.A. Especialmente cuando la alegación número 11 expresa claramente "[q]ue se demanda al Estado Libre Asociado por conducto de la Secretaria de Justicia, por ser la entidad que confiscó sin causa válida alguna el vehículo y el dinero aquí en cuestión" y en la súplica se solicita se ordene la devolución del dinero y vehículo confiscado. Debemos pues, interpretar si procesalmente estamos ante de una demanda que por ser insuficiente de su faz procede se desestime.
A los fines de disponer de esta controversia, exponemos el trasfondo procesal y los hechos pertinentes, que no están en controversia.
A raíz de una intervención policíaca efectuada el 30 de octubre de 2001, las autoridades correspondientes ordenaron la confiscación de un vehículo de motor marca Acura, modelo Integra, del año 1998, tablilla número DAR-377, por alegadamente haber sido utilizado en la comisión de varias infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y a la Ley de Protección de la Propiedad Vehicular.1
El 14 de noviembre de 2001, luego de que en esa misma fecha, la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales, Negociado de Investigaciones de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico, emitiera un certificado de Inspección de Vehículos de Motor,2 el Departamento de Justicia, a través de la Junta de Confiscaciones, le notificó a las partes interesadas, entiéndase a los recurridos Sr. Giovanni Roque López y Sra. Aida L. López Rivas (en adelante López Rivas), la aludida confiscación.
Inconforme con la confiscación efectuada, el 30 de noviembre de 2001 López Rivas presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una acción civil sobre impugnación de confiscación.3 Oportunamente, el E.L.A. compareció ante el mencionado foro haciendo constar que no se sometía a su jurisdicción. Solicitó la desestimación de la demanda. Fundamentó su pedido en que López Rivas no cumplió con el requisito de demandar al E.L.A. según establecido en el Art. 8 de la Ley Uniforme de Confiscaciones. En oposición, López Rivas argumentó que había demandado al E.L.A. por conducto de la Secretaria de Justicia. Añadió, como fundamento adicional a su impugnación, que la notificación de la confiscación no se realizó dentro del término de quince (15) días establecido en el Art. 4 de la Ley Uniforme de Confiscaciones. A juicio de López Rivas, dicho término comenzó a decursar a partir de la ocupación del vehículo de motor en controversia.
Trabadas las controversias, y luego de varios incidentes procesales que no son necesarios aquí pormenorizar, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de impugnación presentada por López Rivas. Resolvió que al no haberse incluido al E.L.A. como co-demandado, se privó al tribunal de jurisdicción para entender en las controversias traídas ante su consideración.
Insatisfecho, López Rivas acudió al Tribunal de Apelaciones. En su recurso sostuvo que...
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