Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 23 de Febrero de 2005 - 163 DPR 778
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-2003-0752 |
| DTS | 2005 DTS 012 |
| TSPR | 2005 TSPR 012 |
| DPR | 163 DPR 778 |
| Fecha de Resolución | 23 de Febrero de 2005 |
Certiorari
2005 TSPR 12
163 DPR 778 (2005)
163 D.P.R. 778 (2005)
2005 JTS 16 (2005)
Número del Caso: CC-2003-0752
Fecha: 23 de febrero de 2005
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito regional de San Juan Panel III
Juez Ponente: Hon. Jorge Segarra Olivero
Abogado Recurrido: Lcdo. Julio César López Gerena
Oficina del Procurador General: Lcdo. Guillermo A.
Mangual Amador
Procurador General Auxiliar
Lcda. Laura Lis López Roche
Procuradora General Auxiliar
Junta examinadora, Examen de Reválida, Revisión procedente de la Junta de Peritos Electricistas. Procede anular el examen viciado por la acción fraudulenta de algunos de sus miembros y ofrecerlo otra vez.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri
San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2005.
Nos toca precisar las facultades de una junta examinadora cuando un examen de reválida de una profesión queda viciado por la acción fraudulenta de alguno de sus miembros.
El 5 de mayo de 2001 Emmanuel Marcano Rivera tomó la parte teórica del examen de reválida para perito electricista ofrecido por la Junta Examinadora de Peritos Electricistas (en adelante, la Junta). Tomó la parte práctica del examen el 12 de mayo del mismo año.
En junio de 2001 Marcano Rivera recibió una carta, fechada el 22 de junio, suscrita por Pedro Sosa Reyes, Subdirector de la División de Juntas Examinadoras del Departamento de Estado. En la misiva, Sosa Reyes le informaba al aspirante que había aprobado la parte teórica del examen de reválida con cien por ciento (100%) y la parte práctica con ochenta por ciento (80%). La carta contenía además instrucciones para obtener la licencia en cuestión.
Marcano Rivera presentó la documentación requerida.
En ese mismo año la Directora de las Juntas Examinadoras del Departamento de Estado advino en conocimiento de unas alegadas irregularidades cometidas durante el proceso de preparación o administración del examen de reválida para perito electricista ofrecido el 5 de mayo de 2001.
Como prueba de ello, recibió un documento que contenía preguntas de selección múltiple similares a las que contenía el referido examen con las respuestas correctas ennegrecidas. A raíz de esto, le solicitó al Dr. Gabriel Cirino Gerena, Consultor Psicométrico del Departamento de Estado (en adelante, el Consultor), que realizara una investigación sobre este asunto. Dicho Consultor preparó un informe sobre el particular que reveló entre otros datos lo siguiente:
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En el documento investigado se incluían 52 de las 60 preguntas que aparecieron en la prueba.
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En el documento aparecían 6 preguntas que fueron incluidas en el borrador inicial discutido con la Junta, que no se utilizaron en el examen.
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Las preguntas que aparecían en el documento y en el examen, seguían un orden similar.
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Una de las preguntas del documento aparece con correcciones hechas el día de la reunión con la Junta, sin embargo, no aparece con las correcciones posteriores hechas en la Corporación Psicométrica.
Como parte de la referida investigación, se realizó un estudio comparativo de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes que habían tomado el examen en más de una ocasión. Dicho estudio reveló que una cantidad sustancial de los aspirantes que no habían aprobado el examen en ocasiones anteriores, por haber obtenido una puntuación menor de veinte puntos, había aprobado el examen del 5 de mayo de 2001 con puntuaciones que sobrepasaban los cuarenta puntos, y algunos hasta obtuvieron una puntuación perfecta, cincuenta puntos. Además, una gran cantidad de los aspirantes que tomaron por primera vez el examen obtuvo una puntuación perfecta, resultado catalogado de inusual por el Consultor.
El informe del Consultor concluía que se había incurrido en serias irregularidades en el manejo y administración del examen ofrecido el 5 de mayo de 2001 y recomendaba su invalidación y la redacción de un nuevo banco de preguntas.
Ante la seriedad de los hallazgos de la investigación, el asunto fue referido a la consideración del Secretario de Estado, quien ordenó una investigación administrativa sobre las alegadas irregularidades y emitió una serie de directrices en relación con el asunto. También solicitó la intervención del Departamento de Justicia.
A tenor con las directrices emitidas, representantes de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Estado se reunieron con los miembros de la Junta y les informaron sobre los resultados de la investigación.
Les informaron además del referido al Departamento de Justicia debido a sospechas de que el material del examen había sido provisto previamente a los estudiantes por miembros de la Junta. Entre otras cosas, se prohibió a los miembros de la Junta que expidieran licencias a los aspirantes que habían tomado y aprobado el examen teórico el 5 de mayo de 2001. De manera que no se expidió licencia alguna a los aspirantes que aprobaron el examen teórico del 5 de mayo de 2001, incluyendo al recurrido Marcano Rivera.
Por su parte, el Departamento de Justicia refirió la información recopilada al Negociado de Investigaciones Especiales, el cual realizó una investigación minuciosa del asunto y concluyó que los estudiantes habían tenido acceso al material del examen debido a que algunos miembros de la Junta Examinadora se lo habían provisto. Ello dio lugar a que se presentaran cargos criminales por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental contra Helsone Ramos Vallés, Presidente de la Junta Examinadora, y José Pagán Morales, otro de los miembros de la Junta. Ambos resultaron convictos tras admitir los hechos y hacer alegación de culpabilidad por delitos menos graves.
Por otro lado, estando aún en curso la aludida investigación, el 20 de marzo de 2002, la representante legal de Marcano Rivera inquirió, mediante una carta dirigida a Sosa Reyes, sobre la licencia esperada por su cliente. Esta misiva fue a su vez contestada por Helsone Ramos Vallés, Presidente en aquel momento de la Junta Examinadora. Ramos Vallés explicó en la carta, fechada el 2 de mayo de 2002, que a pesar de que el aspirante había aprobado el examen, no se le permitía expedir una licencia a su favor puesto que se estaba realizando una investigación sobre unas alegadas irregularidades en el proceso de reválida.
Luego de concluida la investigación criminal y la correspondiente presentación de cargos criminales contra los miembros de la Junta implicados en las irregularidades, el 25 de septiembre de 2002 la Junta emitió una resolución mediante la cual determinó anular el examen de 5 de mayo de 2001. Esto debido a que las irregularidades acaecidas con relación al examen imposibilitaban la certificación de un resultado confiable.
El 27 de septiembre de 2002 Josué Martínez Grueiro, Presidente Interino de la Junta, cursó a Marcano Rivera una misiva notificándole la anulación del examen del 5 de mayo de 2001 debido a las serias irregularidades referidas. Le indicó además que podría tomar el examen nuevamente, libre de costo. Todos los aspirantes recibieron comunicaciones similares.
El 9 de octubre de 2002 la Junta Examinadora publicó un aviso en un periódico de circulación general mediante el cual se notificó la anulación del examen teórico de la reválida de perito electricista del 5 de mayo de 2001. El aviso también indicaba que los aspirantes que habían tomado el examen ese día podían tomarlo otra vez, libre de costo, en noviembre de 2002.
El 11 de octubre de 2002 la representación legal de Marcano Rivera envió una comunicación al Presidente Interino de la Junta mediante la cual solicitó la reconsideración de la referida decisión de anular el examen. Esta fue denegada mediante una carta fechada el 24 de octubre de 2002 y suscrita por Martínez Grueiro. En la misiva, Martínez Grueiro explicaba que debido a las irregularidades ocurridas resultaba imposible certificar los resultados del examen como válidos, pero que los aspirantes que habían tomado el examen en esa fecha podrían tomarlo de nuevo, libre de costo.
Ante la determinación final de la Junta Examinadora, el 22 de noviembre de 2003 Marcano Rivera presentó una petición de revisión ante el antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones alegando que la Junta había expedido una licencia de perito electricista a su favor y luego le había privado de ella, en violación del debido proceso de ley. Apoyó su alegación en el texto de la carta que recibiera durante el mes de mayo de 2002, suscrita por Ramos Vallés, en la cual declaraba lo siguiente:
"el día 13 de junio de 2001, expedí la licencia...
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