Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 27 D.P.R. 89
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 27 D.P.R. 89 |
27 D.P.R. 89 (1919) NAZARIO V. JUEZ
Nazario, Demandante y Apelado, v. Santos, Juez Municipal de San Germán,
Demandado y Apelante.
Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en recurso de
certiorari.
No. 1927.-Resuelto en febrero 24, 1919.
Los hechos están expresados en la opinión.
Abogado del demandante: Sr. Angel A. Vázquez.
Abogados del demandado: Sres. Feliú & Alemañy.
El Juez Asociado Sr. del Toro, emitió la opinión del tribunal.
Genaro Nazario presentó una solicitud en la Corte de Distrito de Mayagüez
para que se expidiese un auto de certiorari dirigido contra William J.
Santos, Juez Municipal de San Germán. El auto fué en efecto expedido y el
caso resuelto en definitiva en favor del peticionario. El juez municipal
apeló entonces para ante esta Corte Suprema y radicó en su secretaría la
transcripción de los autos. Así las cosas, la parte apelada solicita la
desestimación del recurso "porque esta honorable corte carece de
jurisdicción para resolver el asunto en su fondo, porque el demandado
apelante ha radicado un escrito de apelación que es completamente nulo."
La nulidad alegada consiste en que a dicho escrito no se adhirió
el sello de
rentas internas creditivo del pago de los derechos exigidos por la ley.
La parte apelante admite que no se adhirió el sello indicado y relata los
hechos ocurridos así: que cuando fué a radicar su apelación, el secretario
de la corte de distrito lo requirió para que depositara un sello de cinco
pesos; que en efecto depositó el sello, pero hizo constar que en su opinión
no debía exigírsele y sugirió al secretario la idea de consultar el caso al
Fiscal General; que así lo hizo y dicho fiscal resolvió que el apelante no
tenía obligación de pagar derecho alguno, dada su condición de funcionario
público, y el secretario devolvió al apelante el sello que no había
cancelado.
Veamos lo que dice la ley relativa a la materia, o sea la No.
17, regulando
el cobro de derechos y costas en causas civiles en las cortes de distrito y
municipales de Puerto Rico y para otros fines, aprobada el 11 de marzo de
1915. La sección 1 de dicha ley prescribe que todas las cantidades que se
ingresen por concepto de derechos, se pagarán en sellos de rentas internas
que los secretarios y marshals adherirán al margen o al pie de los
documentos registrados. La sección 2 fija el arancel. Según éste, por cada
escrito de apelación de las cortes de distrito al Tribunal Supremo, deberán
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