Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 28 D.P.R. 313
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 28 D.P.R. 313 |
28 D.P.R. 313 (1920) PUEBLO V. RAMÍREZ ET AL.
Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por alterar
la paz pública.
No. 1487. Resuelto en abril 12, 1920.
Abogado de las apelantes: Sr. A. Fiol Negrón.
Abogado del apelado: Sr. J.
E. Figueras, Fiscal.
El Juez Asociado Sr. del Toro, emitió la opinión del tribunal.
Pedro Díaz, policía insular, formuló denuncia contra María Luisa Chiclani,
Emilia Ramírez y María Teresa Rivera, porque en determinados sitio y fecha,
voluntaria y maliciosamente alteraron la paz formando un fuerte escándalo en
el que se provocaron mutuamente, pronunciando palabras indecorosas (se
expresan) al alcance del oido de mujeres y niños. Llegó la causa a la corte
de distrito. María Luisa Chiclani se declaró culpable y la corte le impuso
veinte días de cárcel.
Siguió el juicio con respecto a las otras dos
acusadas y oida la prueba, la corte las declaró culpables del delito de
alterar la paz y les impuso a cada una la pena de noventa días de cárcel.
Al acto de la vista de la apelación sólo concurrió el fiscal pero las
apelantes enviaron un escrito titulado "excepción perentoria" en el cual se
alega que la denuncia no imputa a las acusadas la comisión de un delito
público, porque no especifica cules fueron las palabras indecorosas que
cada una pronunció.
Carece de fundamento la pretensión de las apelantes. Si bien la denuncia no
dice en efecto cules fueron las palabras que cada una de las acusadas
particularmente pronunció, les imputa conjuntamente el hecho de haber
provocado todas un fuerte escándalo insultándose mutuamente y pronunciando
determinadas palabras manifiestamente indecorosas al alcance del oido de
mujeres y niños. Y tal hecho perpetrado por todas claramente constituye una
de las formas del delito que prevée y castiga el artículo 368 del Código
Penal.
Si algún derecho pudieron tener las acusadas fué tal vez el de pedir a la
corte que ordenara que se hiciera más específica la acusación en cuanto a
ellas, y esa cuestión es ya demasiado tarde para poder ser levantadas.
Véase el caso de El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111.
Sostienen también las apelantes en su escrito que la corte erró al imponer
una pena desigual a las acusadas por el mismo delito. La corte tenía
discreción para graduar la pena y sólo en casos de un abuso de esa
discreción podría intervenirse con la...
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