Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 35 D.P.R. 329
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 35 D.P.R. 329 |
v.
Bartolomé
Zeda, demandado y apelado.
No.: 3865, -Visto: abril 6, 1926, Resuelto: Abril 20, 1926.
Sentencia de Enrique Lloreda, J. (Arecibo), desestimando la demanda, con
costas. Confirmada.
Luis Mercader, abogado del apelante; G.
Zeno Sama, abogado del apelado.
El Juez Asociado Señor Franco Soto, emitió la opinión del tribunal.
Esta es una acción sobre reivindicación y reclamación de frutos establecida
por un administrador judicial a nombre de ciertos herederos. En la demanda
se alega que Vicente Irizarri falleció
abintestato en Utuado el 28 de marzo
de 1901; que se hizo la declaratoria de herederos a favor de sus hijos que
se designan en la demanda; que en octubre 8, 1919, se le nombró al
demandante administrador judicial del caudal de la herencia y que el
demandado desde hace unos ocho años se apropió de una porción de terreno con
una cabida de 11 hectáreas, perteneciente a la herencia, y cuyo terreno
posee y disfruta actualmente dicho demandado.
El demandado excepcionó la demanda, alegando que el demandante carecía de
capacidad legal para demandar, porque "su facultad está limitada tan sólo a
actos de administración, sin que pueda en modo alguno asumir la
representación de los herederos de dicho causante para establecer una acción
que sólo a aquéllos compete."
La corte inferior aceptando el motivo alegado, sostuvo la excepción y
desestimó la demanda concediendo un plazo de 10 días para enmendar. El
demandante resistió a esta resolución y pidió que se dictara sentencia y la
corte así lo hizo declarando sin lugar la demanda con costas.
El apelante invoca para sostener el recurso, el artículo 51 de la Ley de
Procedimientos Legales Especiales, que dice:
Ser deber de los administradores y mientras éstos se nombren, de los
albaceas, representar al finado en todos los procedimientos comenzados por o
contra el mismo antes de su muerte, y los que se promovieran después por o
contra el caudal de la herencia. Las acciones o procedimientos instituídos
por o contra el finado se suspendern a su muerte ínterin se haga cargo el
albacea o se nombre un administrador y el albacea o administrador quedar
subrogado como parte en la acción.
Por una ficción de la ley el administrador es la continuación jurídica de la
persona del difunto...
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