Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 25 de Marzo de 1931 - 42 D.P.R. 462
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 42 D.P.R. 462 |
| Fecha de Resolución | 25 de Marzo de 1931 |
No.: 5721, -Sometido: Junio 8, 1931, Resuelto: Junio 19, 1931.
Moción sobre desestimación de apelación. Sin Lugar.
Alfredo Arnaldo, abogado de la apelante; José Sabater, por su propio derecho.
El Juez Asociado Señor Texidor, emitió la opinión del tribunal.
En un expediente Ex Parte, No. 14400, de la corte de distrito de Mayagüez,
Micaela del Moral de Domínguez, solicitó por moción el abogado Don José
Sabater, se fijara la cuantía de sus honorarios por servicios profesionales
prestados para la incapacitada Carmen Nadal y Freyre, viuda de del Moral.
Esta incapacitada se hallaba bajo tutela de Francisco del Moral, y luego de
María del Carmen del Moral. Esta señora hizo oposición a que se pagaran
honorarios al abogado, fundándose en que el nombramiento de Francisco del
Moral como tutor era nulo, y sus actos y gestiones judiciales improcedentes.
La corte oyó a las partes, y dictó una resolución fijando en cuatro mil
dollars los honorarios del abogado Sr. Sabater, y que debía pagarlos la
demandada.
Contra esa resolución apeló la tutora.
Ahora la parte apelada, Sr. Sabater, presenta moción para que desestimemos
la apelación.
El primer fundamento de la moción es que la apelación no fué notificada al
fiscal del distrito, que es parte necesaria.
Entendemos que el apelado incurre en error. Según el Código Civil de Puerto
Rico, la declaración de incapacidad por locura, sordomudez y demencia, pueden pedirla los parientes del presunto incapaz que tengan derecho a
sucederle ab intestato; y en los casos de faltar éstos, o carecer de
personalidad, o tratarse de locura furiosa, debe pedirla el fiscal. Pero se
advierte en el código que éste es el paso previo a la declaración de
incapacidad, y establecida ésta judicialmente, la misión y la intervención
del fiscal, lejos de ser corriente y constante, es ocasional y por
excepción.
Obtenida la declaración, la corte provee el nombramiento del
tutor, y éste es quien gestiona supliendo la falta de capacidad del demente, loco o sordomudo. Si el fiscal intervino en estas diligencias, no tenía
razón legal alguna que hiciera buena su intervención, que era redundante.
El segundo motivo que se alega es que la tutora no puede apelar sin la
autorización de la corte. Declaramos que de acuerdo con el artículo 282 del
Código Civil (212 del Revisado) el tutor no necesita autorización judicial
para interponer la apelación, y sí para...
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