Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 66 D.P.R. 171

EmisorTribunal Supremo
DPR66 D.P.R. 171

66 D.P.R. 171, (1946) TORRES, ORTIZ Y SEPULVEDA V. PEREA Y PEREA

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Dolores Torres, Irene Ortiz, Teresa Morales y Ursula Sepúlveda,

Querellantes y apeladas,

v.

Doctores Nelson Perea y Augusto Perea, propietarios de la

"Policlínica Perea",

querellados y apelantes.

66 D.P.R. 171 (1946)

66 DPR 171 (1946)

Núm.: 9282

Sometido: Marzo 8, 1946

Resuelto: Mayo 20, 1946.

[P 172]

Sentencia de R. Ramírez Pabón, J. (Mayagez), declarando con lugar querella

en reclamación de salarios, sin costas ni honorarios de abogado.

Confirmada.

Oscar Souffrount, abogado de los apelantes; Pedro Santana, Jr., abogado del

Departamento del Trabajo, a su vez abogado de las apeladas.

El Juez Asociado Señor Córdova emitió la opinión del tribunal.

Apelan los demandados de una sentencia condenándolos a pagar a las cuatro

[P 173]

demandantes, quienes trabajaron en la clínica de los demandados desde

noviembre de 1940 hasta julio de 1943 en calidad de aplanchadoras y

costureras, la diferencia entre el salario que recibieron y el mínimum de

seis dólares semanales que fija la Ley número 45 de 1919 (Leyes de 1919,

pág. 201) y la compensación correspondientes a la novena hora que, según

resuelve la corte inferior, trabajaron las demandantes diariamente y por la

cual no habían sido compensadas.[NA 1]

Sostienen los apelantes, en primer término, que no les es aplicable la Ley

núm. 45 de 1919, sobre salario mínimo para mujeres, porque su clínica no es

una de las "ocupaciones industriales, comerciales y de servicio público" a

que se refiere la ley. De la prueba resulta que la clínica de los

demandados alojaba pacientes que pagaban por los servicios prestados, entre

ellos muchos cuya estancia era pagada por el Fondo del Seguro del Estado

mediante contrato al efecto. No hay prueba alguna de que la clínica se

dedicara, aún parcialmente, a fines caritativos. En Carrasquillo v.

American Missionary Association, 61 D.P.R. 867, resolvimos que un hospital

que cobra a sus pacientes es una empresa, dentro del significado del

artículo 1803 del Código Civil, y dijimos que era una empresa comercial. Y

en Hospital San José, Inc. v. Junta de Salario Mínimo, 63 D.P.R. 747,

resolvimos que las clínicas y hospitales que no son puramente caritativos

están comprendidos dentro de los términos de un estatuto cuya finalidad es

idéntica al que nos ocupa, aunque su definición de los empleados y empresas

sujetos al mismo es más amplia. Los propios apelantes en su alegato nos

hablan de las clínicas "...de carácter comercial, como muchas de las que

[P 174]

existen en San Juan, establecidas bajo bases comerciales,...". No nos

indican en qué difiere su clínica de las comerciales de San Juan, ni tenemos

base alguna para suponer que en Mayagez, donde radica la clínica de los

apelantes, o en el resto de la Isla se...

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