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Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 11 de Diciembre de 1945 - 67 D.P.R. 180

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Vincent
EmisorTribunal Supremo
DPR67 D.P.R. 180
Fecha de Resolución11 de Diciembre de 1945

67 D.P.R. 180 (1947) SUÁREZ MARTÍNEZ V. GUY TUGWELL

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
JOSÉ SUAREZ MARTÍNEZ, demandante y apelante,
v.
REXFORD GUY TUGWELL y otros, demandados y apelados. Núm. 9331 67 D.P.R. 180 (1947) 14 de abril de 1947 SENTENCIA de Emilio S. Belaval, J. (San Juan), ordenando el archivo definitivo del caso y en su consecuencia dejando sin efecto las órdenes de entredicho sobre nombramiento de síndico así como el auto de injunction preliminar por carecer de jurisdicción para seguir conociendo el caso. Confirmada. DERECHO CONSTITUCIONAL -- DISTRIBUCIÓN DE PODERES Y FUNCIONES GUBERNAMENTALES -- PODERES LEGISLATIVOS Y SU DELEGACIÓN --INTROMISIONES EN EL PODER JUDICIAL -- ESTABLECIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y JURISDICCIÓN DE LAS CORTES. -- La acción del contribuyente (taxpayer's suit) como remedio puede ser abolido por acto legislativo. La Ley núm. 2 de 1946 ((2) pag. 1), en tanto en cuanto enmienda nuestro estatuto general de injunction y abole ese remedio en Puerto Rico, no es nula. ID. -- ID. -- ID. -- ID. -- ID. -- No siendo Puerto Rico una jurisdicción de derecho común, para que aquí exista un remedio debe así disponerse por estatuto. ID. -- DERECHOS ADQUIRIDOS -- REMEDIOS EN GENERAL. -- Estando nuestra legislatura investida con el poder de determinar la jurisdicción de las cortes, puede ella legislar en relación con los remedios limitando o retirando la jurisdicción de las cortes para expedir injunctions en una clase especifica de controversia, como lo son las acciones de contribuyentes. Tal legislación restrictiva es valida aun al aplicarse a casos pendientes, ya que en el remedio de injunction no hay un derecho adquirido. ID. -- DERECHO A JUSTICIA Y REMEDIOS POR DAÑOS -- GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN GENERAL. -- Siendo la acción del contribuyente de naturaleza publica y no privada, cuando la legislatura priva a las cortes de jurisdicción para conocer del derecho público en esa acción mientras el pleito esta pendiente no menoscaba ningún derecho especifico o individual privado del demandante protegido bien por la Constitución Federal o por nuestra Carta Orgánica. ID. -- DISTRIBUCIÓN DE PODERES Y FUNCIONES GUBERNAMENTALES PODERES LEGISLATIVOS Y SU DELEGACIÓN -- INTRUSIONES EN EL PODER JUDICIAL -- INTERVENCIÓN CON DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS -- PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. -- A un litigante puede privársele de un fallo judicial a su favor que no es final mas sí meramente provisional y tiene por miras preservar el status quo hasta que se decida definitivamente el caso. ID. -- DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LEY -- REMEDIOS Y PROCEDIMIENTOS CIVILES -- RETIRO DEL O CAMBIOS EN EL REMEDIO. -- La Corte en la cual este pendiente la acción de un contribuyente (taxpayer's suit), al ser despojada por ley de su jurisdicción para expedir injunction alguno en esa clase de acción, no debe desestimar la acción sin darle a la parte demandante la oportunidad de demostrar, si puede hacerlo, que el estatuto en cuestión es nulo o no se aplica a la acción, o hacer cualesquiera otras alegaciones. En verdad, si existía una cuestión sustancial en cuanto a la validez y aplicabilidad de la ley, la corte tendría la facultad para conservar el status quo a través de una orden de entredicho mientras resolvía la cuestión sustancial, aun cuando resolviera en ultima instancia que la ley prohibía el pleito. Sin embargo, en vista de las contenciones del demandante en esta Corte, la corte inferior resolvió correctamente al ordenar el archivo de la acción del contribuyente de que se trata. Edelmiro Martínez Rivera, Luis Blanco Lugo y F. Fornaris, Jr., abogados del apelante; Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández (E. Campos del Toro, ex Procurador General, en el alegato) y L. Venegas Cortés, abogado especial del Procurador General, abogados todos de los apelados. EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR SNYDER emitió la opinión del tribunal. [P181] El 11 de diciembre de 1945 el demandante radicó una acción del contribuyente contra los miembros del Consejo Ejecutivo y la Junta de Directores de la Compañía Agrícola de Puerto Rico, alegando que la Compañía fue creada en virtud de la Ley número 31, Leyes de Puerto Rico, 1945 (pag. 75); que la sección 27 de la Ley núm. 31 asigna la suma de $ 10,100,000 de los fondos públicos de Puerto Rico a ser usados [P182] por la Compañía; que esta asignación es ilegal porque la Ley núm. 31 infringe varias disposiciones del Acta Orgánica; que la Compañía tiene en su poder $ 5,000,000 que se propone invertir bajo la autoridad conferídale por la Ley núm. 31; y que de permitirse a los demandados invertir estos fondos públicos de acuerdo con esta ley inconstitucional se ocasionarían graves e irreparables daños al demandante así como a todos los otros contribuyentes de Puerto Rico. El demandante solicito se dictara un injunction dirigido a los demandados prohibiéndoles invertir los fondos en su posesión bajo la Ley núm. 31. El...

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