Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 6 de Junio de 1960 - 81 D.P.R. 824
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 81 D.P.R. 824 |
| Fecha de Resolución | 6 de Junio de 1960 |
81 D.P.R. 824 (1960) JIMÉNEZ MELÉNDEZ V. E.L.A.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
JOSEFA MELÉNDEZ, JOSÉ M. JIMÉNEZ, CATALINO JIMÉNEZ Y
ERNESTA JIMÉNEZ, ASISTIDA DE SU ESPOSO DANIEL SANTOS, DEMANDANTES Y RECURRIDOS
VS.
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, DEMANDADO Y RECURRENTE
Núm. 12521
81 D.P.R. 824
6 de junio de 1960
Sentencia de P. J.
Santiago Lavandero, J. (San Juan), declarando con lugar demanda de daños y perjuicios, sin costas ni honorarios de abogado. Confirmada.
1. Territorios--Acciones Contra El Pueblo de Puerto Rico--
Consentimiento para ser Demandado--En General.--Al Estado no puede demandársele sin su consentimiento.
2. Id.--Id.--Id.--Preceptos Estatutarios.--Por la Ley 104 de 1955 el Estado renunció su inmunidad para ser demandado cuando sus agentes o empleados, por descuido, negligencia o falta de circunspección en el manejo de un vehículo de motor, ocasionan la muerte de una persona, aunque tal hecho constituya un delito de homicidio involuntario.
3. Id.--Id.--Id.--Responsabilidad de El Pueblo por Actos u Omisiones de Otros.--El homicidio involuntario perpetrado por medio de automóvil por un funcionario, agente o empleado del Estado, siendo una muerte ocasionada por un acto negligente y descuidado y no un acto torticero cometido deliberada o intencionalmente de los cubiertos por la excepción establecida en el inciso (d) del art. 6 de la Ley núm. 104 de 1955, al Estado puede demandársele en daños y perjuicios por esa muerte aunque al ser ésta ocasionada el funcionario, agente o empleado incurriera en la comisión de un delito.
Hon. Secretario de Justicia Hiram R.
Cancio (Francisco Espinosa, Jr., Secretario de Justicia Interino, Arturo Estrella, Secretario Auxiliar y Jorge Ruiz Rivera, Procurador Auxiliar,
en el alegato) y Edgar S. Belaval, Jefe, División de Litigios Generales,
abogados del recurrente.
Lionel Fernández Méndez y Guillermo Cintrón Ayuso, abogados de los recurridos.
OPINIÓN EMITIDA POR EL HON.
JUEZ PÉREZ PIMENTEL
Catalino Jiménez Martínez falleció a consecuencia de las lesiones que recibiera al ser arrollado por un vehículo de motor ( pick-up ) el día 22 de julio de 1956 en la carretera estatal número 14, conocida entonces como "Desvío Temporero" del barrio Monte Llano de Cayey, Puerto Rico. El [825] indicado vehículo era propiedad del gobierno de los Estados Unidos de América y estaba asignado a la Guardia Nacional de Puerto Rico. En el momento del accidente el vehículo era conducido por un miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico en el desempeño de sus deberes y funciones como tal, habiendo ocurrido el referido accidente a causa de la negligencia de dicho conductor.
Acogiéndose a las disposiciones de la Ley núm. 104 de 29 de junio de 1955, los herederos de Jiménez Martínez demandaron al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en reclamación de daños y perjuicios. El Tribunal Superior declaró con lugar la demanda y condenó al demandado a pagar a la viuda Josefa Meléndez la suma de $6,000 y $2,000 para cada uno de sus tres hijos, "José, Catalina (sic) y Ernestina Jiménez", sin imposición de costas ni honorarios de abogado.
La única cuestión que suscita el Estado Libre Asociado en este recurso es que no ha prestado su consentimiento para ser demandado por los hechos expuestos en la demanda.1 Su posición es que dichos hechos constituyen un delito de homicidio involuntario y que el propósito claro de la Ley núm. 104 de 1955 es no hacer responsable al Estado por actos delictivos de sus funcionarios; que el homicidio involuntario es un delito contra la persona y que el art. 6 de la citada Ley núm. 104, no autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado constitutivo de delito contra la persona.2
[826]
[1-3] Es tradicional la doctrina de que al Estado no puede demandársele sin su consentimiento. Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U.S. 505; Valiente & Cía. v. Cuevas, 65 D.P.R. 181. Por la Ley núm. 76 de 13 de abril de 1916 El Pueblo de Puerto Rico otorgó...
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