Sentencia de Tribunal Apelativo de 23 de Agosto de 2011, número de resolución KLCE201100893
Emisor | Tribunal Apelativo |
Número de resolución | KLCE201100893 |
Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
Fecha de Resolución | 23 de Agosto de 2011 |
A.R.C. CORPORATION Recurrido v. JORGE ARGUELLES MORÁN d/b/a INTERISLAND SERVICE STATION, SU ESPOSA FULANA DE TAL, LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS, INTERISLAND PETROLEUM RETAILERS, INC., X INSURANCE CORP. Recurrente | | Certiorari procedente |
Panel integrado por su presidente, el Juez Cortés Trigo, el Juez Cordero Vázquez, y el Juez Saavedra
Serrano.
Per curiam
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2011.
Comparecen Jorge Argüelles
Morán e Interisland Petroleum
Retailers, Inc., (apelantes) mediante el recurso de Certiorari de epígrafe, el cual acogemos como un recurso de Apelación por ser vehículo apropiado para revisar una sentencia parcial, y autorizamos a que se mantenga con la identificación alfanumérica de Certiorari. Los apelantes solicitan que revisemos la Sentencia parcial dictada el 30 de diciembre de 2010, notificada y archivada en autos el 11 de enero de 2011. Por medio de este dictamen, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) determinó que Interisland
Petroleum Retailers, Inc., contrató la remodelación de su estación de gasolina con A.R.C.I. Corporation. No obstante, carecemos de jurisdicción para atender el recurso, puesto que la resolución en la que se atendió la moción de reconsideración
y de determinaciones de hechos adicionales presentada oportunamente por los apelantes fue notificada en el formulario
Un recurso prematuro al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Su presentación carece de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno. Ello es así porque en el momento que fue presentado no había autoridad judicial alguna para acogerlo. Juliá et al v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R.
357 (2001); y Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000).
Le corresponde a los tribunales ser los guardianes de su jurisdicción, independientemente de que la cuestión haya sido planteada anteriormente o no. Vázquez v. A.R.P.e., 128 D.P.R. 513 (1991); Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988); López Rivera v.
Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 (1963), según citados en Ponce Fed. Bank, FSB v. Chubb Life Ins.
Co., 155 D.P.R. 309 (2001); y Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 D.P.R. 315 (2001). La notificación de un dictamen judicial final es un requisito con el que se debe cumplir de modo tal que el ciudadano afectado pueda enterarse de la decisión final que se ha tomado en su contra. El deber de notificar a las partes no constituye un...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba