Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Agosto de 2011, número de resolución KLCE201101092

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLCE201101092
Tipo de recursoRecursos de certiorari
Fecha de Resolución29 de Agosto de 2011

LEXTA20110829-018 Pueblo de P.R. v.

Soto Molina

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN, AIBONITO Y HUMACAO

PANEL V

EL PUEBLO DE PUERTO RICO Recurrido v. WILSON SOTO MOLINA Peticionaria
KLCE201101092
Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón Casos Crim. Núm.: DFP2010G0001 DFP2010G0002 DFP2010G0003 DFP2010G0004 DFP2010G0005 DFP2010G0006 DFP2010G0007 DFP2010G0008 DFP2010G0009 DLE2010G0076 Sobre: Art. 210 CP Art. 3.2 (c) Ley de Ética Gubernamental

Panel integrado por su presidente, el Juez Cortés Trigo, el Juez Cordero Vázquez, y el Juez Saavedra

Serrano.

Per Curiam

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2011.

Comparece Wilson Soto Molina

(peticionario) por medio del recurso de Certiorari de epígrafe y nos solicita que revoquemos la resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) el 18 de agosto de 2011, notificada y archivada en autos el siguiente día 25. Por medio de este dictamen, el TPI denegó la moción de reconsideración presentada por el peticionario el 5 de julio de 2011 en la que cuestionó el fallo de culpabilidad por infracción al artículo 213 del Código Penal de 1974. No obstante, la Secretaria del TPI notificó dicha resolución con el formulario OAT-750 el que está diseñado únicamente para notificar una resolución u orden interlocutoria. Al resultar defectuosa esta notificación, carecemos de jurisdicción para atender el recurso de epígrafe y procedemos a desestimarlo por prematuro.

I.

Un recurso prematuro al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Su presentación carece de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno. Ello es así porque en el momento que fue presentado no había autoridad judicial alguna para acogerlo. Juliá et al v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R.

357 (2001); y Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000).

Le corresponde a los tribunales ser los guardianes de su jurisdicción, independientemente de que la cuestión haya sido planteada anteriormente o no. Vázquez v. A.R.P.e., 128 D.P.R. 513 (1991); Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988); López Rivera v.

Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 (1963), según citados en Ponce Fed. Bank, FSB v. Chubb Life Ins.

Co., 155 D.P.R. 309 (2001); y Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 D.P.R. 315 (2001). La notificación de un dictamen judicial final es un requisito con el que se debe cumplir de modo tal que el ciudadano afectado pueda enterarse de la decisión final que se ha tomado en su contra. El deber de notificar a las partes no constituye un mero requisito. Su importancia reside en el efecto que tiene dicha notificación sobre los procedimientos posteriores al dictamen final...

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