Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 21 de Enero de 1998 - 144 DPR 673

EmisorTribunal Supremo
DTS1998 DTS 001
TSPR1998 TSPR 001
DPR144 DPR 673
Fecha de Resolución21 de Enero de 1998

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

1998 DTS 001 VÉLEZ V. SERVICIOS LEGALES DE P.R., INC. 1998TSPR001

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Miriam L. Vélez Miranda

Demandante-recurrida

vs.

Servicios Legales de Puerto Rico, Inc.

Demandados-recurrentes

Certiorari

CE-94-747

Número del Caso: TSPR-98-1

144 DPR 673 (1998)

144 D.P.R. 673 (1998)

1998 JTS 1

Abogados Parte Demandante: Lcdo. Antonio Cuevas Delgado

Lcdo. Rafael Cuevas Kuinlam

Cuevas Kuinlam & Bermúdez

Abogados Parte Demandada: Lcdo. Dixon Cancel Mercado

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior de Mayaguez

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon.

Fernando L. Torres Ramírez

Fecha: 1/21/1998

Acción Civil, discrimen y represalias en el empleo. Procedimientos Sumarios de Reclamaciones

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RIO

San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 1998.

El presente recurso plantea la cuestión de si una empleada que se querella de discrimen en el empleo por razón de haber informado a sus superiores sobre un incidente de hostigamiento sexual en el trabajo en que alegadamente se vio involucrado otro empleado, tiene que acogerse al procedimiento de arbitraje establecido en un convenio colectivo para formular su querella o puede recurrir directamente al foro judicial.

I

El 9 de agosto de 1993, la demandante-recurrida, Sra. Miriam L. Vélez Miranda (en adelante Sra. Vélez) presentó una querella ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq., contra Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., (en adelante Servicios Legales o la corporación) alegando que siendo empleada de dicha corporación en el Centro de Sabana Grande, presenció un incidente en que un abogado le imputó al Director de dicho Centro el haberlo hostigado sexualmente, y que en cumplimiento de su deber como empleada, notificó dicho incidente a un Oficial Administrativo de la corporación. 1

Alega la Sra. Vélez que a partir de esa notificación, la gerencia de la corporación inició, propició y permitió que se efectuara un patrón de persecución y represalias contra ella. A consecuencia de estos actos la Sra.

Vélez tuvo que acogerse a los beneficios del Fondo del Seguro del Estado. Como parte de las represalias se le negó también un acomodo razonable en otra oficina de Servicios Legales para su rehabilitación.

Según las disposiciones de la Ley Núm. 2, supra, el término para Servicios Legales contestar la querella vencía el 5 de octubre de 1993. El 1 de octubre de 1993, la querellada presentó una solicitud de prórroga, aduciendo como razones para solicitar la misma la enfermedad de la Directora Ejecutiva de la corporación y la necesidad de más tiempo para realizar un estudio detallado y así poder contestar responsablemente las alegaciones de la Sra. Vélez.

Por su parte, la Sra. Vélez se opuso a dicha prórroga, y solicitó se anotara la rebeldía. La Sra. Vélez sostuvo que las razones aludidas por Servicios Legales no justificaban la concesión de un término adicional para contestar la querella, y que dicha solicitud no cumplía con los requisitos de la Ley Núm. 2, supra, toda vez que la misma fue juramentada por el abogado de la querellada y no por la parte misma. Por su parte, Servicios Legales 2 presentó su oposición a que se anotara la rebeldía.

El 10 de noviembre de 1993, el tribunal de instancia aceptó la renuncia del abogado de Servicios Legales, y a su vez le ordenó a dicha parte que procediera con la contestación a la querella una vez consiguiera nueva representación legal. A pesar de la orden emitida, la Sra. Vélez solicitó una aclaración del tribunal para que indicara si dicha orden equivalía a dictaminar no ha lugar a la solicitud de anotación de rebeldía. El tribunal no actuó en torno a dicha solicitud.

En cumplimiento de la orden dictada, Servicios Legales presentó su contestación a la querella el 30 de noviembre de 1993, dentro del término concedido. Alegó, entre otras defensas, que el tribunal de instancia carecía de jurisdicción para entender en la reclamación, toda vez que la querellante era miembro de la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios Legales, la cual tenía con la querellada un convenio colectivo durante el período de la querella. Sostuvo que dicho convenio establecía las condiciones de trabajo y en especial, un procedimiento de quejas y agravios, incluyendo arbitraje, que cubría esta situación y no había sido utilizado por la querellante. Basada en dicha defensa afirmativa, la querellada presentó una "Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción" el 28 de diciembre de 1993.

Ante dicha contestación, la Sra. Vélez volvió a presentar su solicitud de anotación de rebeldía el 30 de diciembre de 1993. Servicios Legales replicó y la Sra. Vélez presentó dúplica a la cual contestó Servicios Legales. Así las cosas, el 19 de mayo de 1994, el foro de instancia emitió una resolución notificada el 24 de mayo de 1994, declarando no ha lugar la solicitud de anotación de rebeldía y ordenando continuar con los procedimientos establecidos en la ley. En esa misma fecha, el tribunal de instancia dictó una segunda resolución mediante la cual le concedió término a la querellante para mostrar causa por la cual no debiera decretarse la desestimación de la querella a la luz de la moción de desestimación, y le concedió término a la querellada para que sometiera copia del convenio colectivo y elaborara sus planteamientos en dicha moción a la luz del reclamo de la querellante a indemnización monetaria.

Ante tales resoluciones, la querellada presentó moción en cumplimiento de orden el 31 de mayo de 1994. En esa misma fecha, la Sra. Vélez presentó una moción de reconsideración del dictamen que denegó la anotación de rebeldía el 3 de junio de 1994, y presentó su moción mostrando causa. La querellada presentó su oposición a la moción de reconsideración el 10 de junio de 1994 y en la misma fecha...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
239 temas prácticos
237 sentencias
2 artículos doctrinales
  • Apéndice
    • Puerto Rico
    • Hostigamiento sexual en el empleo
    • 27 September 2018
    ...de autos, la determinación administrativa no demuestra ser arbitraria, caprichosa o discriminatoria. Vélez Miranda V Servicios Legales, 144 D.P.R. 673, 98 J.T.S. 1 (Corrada Del Discrimen en el Empleo y Arbitraje Laboral. Ley 17 de 22 de abril de 1988. Ley 100 de 30 de junio de 1959. Hechos:......
  • C. Cadena de Evidencia-Compraventa Amistosa
    • Puerto Rico
    • Diccionario de términos y frases derecho puertorriqueño 2019
    • 28 February 2019
    ...deben endosar el mecanismo de convenio colectivo ya que promueve la paz y estabilidad laboral. Vélez Miranda v. Servicios Legales, 1998, 144 D.P.R. 673; J.R.T. v. Junta Administrativa de los Muelles, 1988, 122 D.P.R. 318. CONVICCIÓN REMOTA: Es toda convicción que a la fecha del juicio tuvie......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR