Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 2 de Febrero de 2010 - 178 DPR 1
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DTS | 2010 DTS 011 |
| TSPR | 2010 TSPR 11 |
| DPR | 178 DPR 1 |
| Fecha de Resolución | 2 de Febrero de 2010 |
2010 DTS 011 DOMINGUEZ CASTRO V. GOBIERNO DEL
ESTADO LIBRE ASOCIADO 2010TSPR 011
Certificación
2010 TSPR 11
178 DPR 1, (2010)
178 D.P.R. 1 (2010), Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178:1
2010 JTS 20 (2010)
2010 DTS 11 (2010)
Núm. del caso CT-2009-4
CT-2009-5
CT-2009-6
CT-2009-9
Fecha: 2 de febrero de 2010
Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2010.
Disentimos del curso de acción seguido por una mayoría del Tribunal en el día de hoy, pues éste, luego de un trámite judicial apresurado que resulta contrario al debido proceso de ley, elimina los derechos adquiridos sobre sus empleos de miles de servidores públicos, en violación de la prohibición constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales establecida tanto en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como en la Constitución de los Estados Unidos. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1; Art. 1, Sec. 10. Const. E.E.U.U., L.P.R.A. Tomo 1. Específicamente, la Opinión que emite el Tribunal para declarar la constitucionalidad de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 se basa en un expediente judicial desprovisto de la prueba necesaria para resolver de forma adecuada y fundamentada la controversia.
Peor aún, ésta ni siquiera cumple con el ámbito mínimo de protección establecido por la Constitución Federal, colocándonos al margen de la normativa que formuló el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la referida prohibición constitucional en United States Trust Co. v. New Jersey, 431 U.S. 1 (1977), y que adoptó este Tribunal en Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987). La necesidad de un expediente judicial completo que contenga prueba que permita evaluar adecuadamente los criterios establecidos en dicha jurisprudencia resulta aún más imperiosa al considerar la magnitud del impacto de la Ley Núm. 7, supra, sobre los empleados públicos afectados y el efecto que la decisión del Tribunal tendrá en el país.
A nuestro juicio, la decisión que el Tribunal emite en el caso de autos se toma únicamente basada en el propio texto de la Ley Núm. 7, supra, y su Exposición de Motivos, sin que se haya presentado en los tribunales la prueba necesaria para establecer que el plan de cesantías decretado era la alternativa menos onerosa a la luz de la situación fiscal, según lo requerido por la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y sin permitir a los empleados cesanteados refutarla. Con la Opinión emitida en este caso por el Tribunal, nos colocamos al margen de la Constitución Federal y correspondería entonces al Tribunal Supremo de Estados Unidos rectificar esta decisión. Por ello, nos vemos obligados a disentir.
Como se desprende de la Opinión del Tribunal, cada uno de los recursos de epígrafe llegó ante la consideración de este Foro pocos días luego de presentarse las demandas correspondientes ante el Tribunal de Primera Instancia y diligenciarse los emplazamientos. En todos los recursos el Estado compareció ante nos mediante sus respectivas peticiones de certificación, sin que se dilucidara la controversia en el foro de instancia. En éstas, el Estado nos solicitó obviar el trámite ordinario bajo el fundamento de que esta Curia debía adjudicar la controversia en primera instancia, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley Núm.
7, supra. Dicho artículo dispone que, a solicitud de una parte, este Tribunal "expedirá un auto de certificación para traer inmediatamente ante sí y resolver cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia o ante el Tribunal de Apelaciones cuando se plantee la validez o constitucionalidad" de la Ley o "cualquier impugnación a la misma de cualquier naturaleza". Art. 69, Ley Núm. 7, supra.
A pesar de la naturaleza discrecional y excepcional que caracteriza al recurso de certificación, este Tribunal no vaciló en expedir dichos recursos. Al circunvalar el trámite ordinario en los casos de epígrafe, el Tribunal no contó con un expediente para dilucidar las alegaciones de las partes. En esencia, cada uno de los autos ante nuestra consideración solamente consiste de la petición de certificación, la demanda y los alegatos de las partes. Aún así, el Tribunal no requirió escritos adicionales ni, mucho menos, celebró una vista oral para ofrecerles a las partes su día en corte y para que, a modo de excepción, este Foro recibiera la prueba que ninguna de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
Sentencia de Tribunal Apelativo de 16 de Diciembre de 2016, número de resolución KLRA201601100
...representación legal. [2] Con relación al poder de razón de estado y las leyes de carácter socioeconómico véase Domínguez Castro v.E.L.A., 178 DPR 1, (2010); Trinidad Hernández v. E. L.A., 188 DPR 828 (2013); y A.M.P.R. v. Sistema de Retiro de Maestros de P.R., 190 DPR 854 [3] En este caso ......
-
Sentencia de Tribunal Apelativo de 27 de Enero de 2016, número de resolución KLAN201501458
...428 (2012). Este derecho fundamental se manifiesta en dos dimensiones: la sustantiva y la procesal. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 (2010). En su vertiente sustantiva, el debido proceso de ley representa una barrera para acciones estatales, que sean arbitrarias o capricho......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 5 de Noviembre de 2014 - 192 DPR ____
...1 (2000), denegamos aplicar la doctrina debido a que no estaba presente una circunstancia imprevisible. [15] En Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, 50-51 (2010), tomamos conocimiento judicial de la precaria situación económica que afecta a Puerto Rico desde el año 2006, situación que con......
-
Sentencia de Tribunal Apelativo de 16 de Diciembre de 2011, número de resolución KLAN201101183
...que exige un proceso justo mediante el cual las partes tengan su día en corte y ejerzan su derecho a ser oídos. Domínguez v. E.L.A., 178 D.P.R. 1 Debemos reconocer que el TPI ya le había otorgado a los apelantes la oportunidad de contrainterrogar al señor Mojica en la vista del 17 de diciem......
-
Sentencia de Tribunal Apelativo de 16 de Diciembre de 2016, número de resolución KLRA201601100
...representación legal. [2] Con relación al poder de razón de estado y las leyes de carácter socioeconómico véase Domínguez Castro v.E.L.A., 178 DPR 1, (2010); Trinidad Hernández v. E. L.A., 188 DPR 828 (2013); y A.M.P.R. v. Sistema de Retiro de Maestros de P.R., 190 DPR 854 [3] En este caso ......
-
Sentencia de Tribunal Apelativo de 27 de Enero de 2016, número de resolución KLAN201501458
...428 (2012). Este derecho fundamental se manifiesta en dos dimensiones: la sustantiva y la procesal. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 (2010). En su vertiente sustantiva, el debido proceso de ley representa una barrera para acciones estatales, que sean arbitrarias o capricho......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 5 de Noviembre de 2014 - 192 DPR ____
...1 (2000), denegamos aplicar la doctrina debido a que no estaba presente una circunstancia imprevisible. [15] En Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, 50-51 (2010), tomamos conocimiento judicial de la precaria situación económica que afecta a Puerto Rico desde el año 2006, situación que con......
-
Sentencia de Tribunal Apelativo de 16 de Diciembre de 2011, número de resolución KLAN201101183
...que exige un proceso justo mediante el cual las partes tengan su día en corte y ejerzan su derecho a ser oídos. Domínguez v. E.L.A., 178 D.P.R. 1 Debemos reconocer que el TPI ya le había otorgado a los apelantes la oportunidad de contrainterrogar al señor Mojica en la vista del 17 de diciem......