Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 43 D.P.R. 438
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 43 D.P.R. 438 |
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
No.: 4608,
Sometido: Abril 26, 1932,
Resuelto: Abril 29, 1932.
Sentencia de Luis Samalea, J. (Bayamón), condenando al acusado por delito de Homicidio Involuntario. Confirmada.
R.
Martínez Nadal, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
El Juez Asociado Señor Wolf, emitió la opinión del tribunal.
Ignacio Menéndez fué convicto de homicidio involuntario por haber conducido
negligentemente un automóvil por la carretera pública y haber ocasionado la
muerte de Juan Antonio Martínez. El acusado radicó una moción de nuevo
juicio que la corte declaró sin lugar. El haberse declarado sin lugar esta
moción sirve de objeto al primer señalamiento de error. El apelante tiene
la idea de que una moción de nuevo juicio debe ser contestada por el fiscal
y que los hechos aducidos en tal moción tienen peso faltando tal negativa.
La ley es muy distinta. El veredicto de un jurado es siempre el hecho
sobresaliente. El acusado tuvo su día en corte y su culpabilidad, sujeta a
revisión, fué probada.
Nada de lo que el acusado dice en una moción de
nuevo juicio, cae dentro de las reglas de procedimiento que conducen a una
controversia. Tal controversia fué
decidida por el jurado en este caso. Si
bien el fiscal de distrito tiene la oportunidad o el derecho de suscitar
cualquier cuestión relativa a una moción de nuevo juicio, la corte y el
público están interesados en sostener un veredicto hasta que el acusado
convenza a la corte de que el veredicto fué erróneo. De forma que el
acusado debe convencer a la corte de la certeza de su moción.
El acusado alegaba en su moción de nuevo juicio que algunos de los miembros
del jurado tenían prejuicio contra él, toda vez que manifestaron en su
juramento preliminar (voir dire) que nada sabían de los hechos del caso,
mientras que en verdad ellos procedían de Vega Baja y habían oído hablar del
accidente. El acusado no ofreció prueba alguna para demostrar esos hechos
y, necesariamente, la moción tenía que ser declarada sin lugar. La
actuación de la corte inferior está sostenida por el caso de El Pueblo v.
Vega, 35 D.P.R. 115. Este caso también sostiene la idea de que el acusado
debe actuar ora el fiscal conteste los hechos de la moción de...
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